AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Más de 400 familias alpaqueras del distrito de Cotaruse, provincia Aymaraes, Apurímac, vienen siendo golpeados por los efectos climáticos (granizadas, nevadas, heladas y sequías), olvido del Estado y la pandemia de la covid-19.
“Por las restricciones sanitarias no hemos realizado adecuadamente las actividades de sanidad, esquila, empadre y, sobre todo, acopio, ni comercialización de la fibra de alpaca; contrariamente, durante 2020 y 2021 hemos vendido la fibra a 9 a 10 soles por libra, cuyo costo de producción es entre 18 a 22 soles”, señaló Adolfo Antayhua Chipana, presidente de la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas de Cotaruse-Apurímac (SPAR-Cotaruse).
El criador acotó que, durante los 10 últimos años, se tiene poco o nada la presencia del gobierno nacional y regional en el ámbito del distrito, al igual que en los 13 distritos alpaqueros de la región.
“El Midagri nos ha marginado del proyecto de instalación de 20 miniplantas para fibra, y lo peor ha sido cuando la Dirección General de Ganadería nos ha estado meciendo con innumerables reuniones virtuales desde el año pasado. No se ha logrado concretar un solo pedido de los 19 que planteamos los dirigentes de Puno, Cusco, Huancavelica, Apurímac y Pasco”, acotó Antayhua Chipana.
También indica que el Gobierno Regional de Apurímac arrastra el proyecto “Profibras (para alpacas y vicuñas)” desde el 2013 y con un monto irrisorio de 8 millones de soles.
“Es verdad que la situación geográfica de nuestras comunidades de Cotaruse y de los demás, es una realidad muy compleja, porque es eminentemente rural y disperso, donde los medios de comunicación, acceso a servicios básicos y a la información es totalmente limitada, pero necesitamos ayuda de parte del gobierno para salir de esta crisis por la que estamos atravesando”, añade Adolfo Antayhua.
“Además de la situación climática, nos perjudica el monopolio empresarial en la compra e industrialización de la fibra. Tampoco hemos sido considerados en la agenda del Estado, el cual nos limita a asumir nosotros mismos los costos de reinversión, de recuperación de pérdidas por mortandad y menos generar utilidades para la educación, salud y acceso a tecnologías”, puntualizó.
La Indiferencia e ineficiencia del Estado para con el sector camelicultor es indignante. El Congreso de la República tiene ya el proyecto de ley N° 6458/2020-CR que esperamos se apruebe pronto para que las cosas cambien.