Tumbes: Detectan irregularidades en obra de riego en San Jacinto

La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades en la ampliación del servicio de agua para riego en el sector Higuerón Alto, ubicado en el distrito de San Jacinto, provincia y región de Tumbes. La responsabilidad de la ejecución recae en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT).

La obra tiene una inversión de más de S/6 millones y que comenzó el 25 de setiembre del 2020, con un plazo inicial de 150 días.

En un primer punto, de acuerdo al informe de Control Específico n.° 23714-2023-CG/GRTB-SCE, al inicio del plazo el director de infraestructura agraria y riego e inspector de la entidad aprobaron el calendario de avance de obra, pese a que el cronograma de pagos no fue elaborado en función a la programación de ejecución de los trabajos, situación que no permitió controlar su correcto avance.

En otro sentido, se constató que dos días antes de finalizar el plazo de ejecución, 19 de febrero del 2021, el director de la dirección de infraestructura agraria, el profesional de seguimiento y monitoreo y el ingeniero mecánico contratado por la entidad para el monitoreo de la obra, junto al contratista y supervisor, firmaron la suspensión de plazo, argumentando demora por parte de un proveedor en la entrega de equipos importados a causa de la COVID 19, pese a los retrasos injustificados del contratista debido a la no ejecución de las partidas programadas y aprobadas por la entidad.

Dichos aparatos eran para bombear agua para riego desde la cámara de bombeo. Es así que se evidenció que la cotización fue enviada el 6 de noviembre y recién se concretó el 30 del mismo mes. Cabe resaltar que los funcionarios tenían conocimiento de los retrasos injustificados que se venían dando y que la causal citada en la suspensión protegió la no ejecución a tiempo la partida del componente mecánico que correspondía a la instalación de las electrobombas para la captación de agua, hasta esa fecha se pagaron 5 valorizaciones.

Al respecto, la comisión de control advirtió que para el pago de la primera valorización solo se realizaron trabajos en el sistema de tubería de impulsión/descarga, pero según cronograma debieron ejecutarse también avances en la caseta de bombeo, componentes mecánico y eléctrico, sistema de utilización en media tensión, obras de arte, situación que continuó suscitándose en la segunda valorización.

Asimismo, en la tercera valorización el atraso continuó, fue después de casi 60 días que iniciaron las acciones en la caseta de bombeo. Pese a ello, el responsable del seguimiento y monitoreo de obra dio la conformidad y se tramitó el pago a favor de la empresa.

Similar situación se comprobó en los pagos de la cuarta y quinta valorización donde los funcionarios validaron prestaciones que no estaban acorde al programa de avance establecido, sin adoptar acción alguna respecto a los atrasos injustificados.

Adicionalmente, se identificó que los equipos faltantes fueron entregados el 26 de febrero del 2021, 7 días después de la suscripción de la suspensión. Sin embargo, los citados funcionarios recién firmaron el reinicio de la obra el 19 de abril del mismo año, es decir 53 días después de la entrega por parte del proveedor.

Durante la suspensión los mismos funcionaros aprobaron y tramitaron una ampliación de plazo requerida por el contratista por un cambio del trazo en la tubería que incluía corte y demolición de pavimento por 20 días, desde el 22 de febrero al 13 de marzo. Alegaron la afectación de la ruta crítica, pero sin presentar un sustento técnico ni identificar las relaciones de dependencia entre las partidas que se habrían visto afectadas, solo recalcaron la demora de PROVIAS en dar la autorización.

Según el cuaderno de obra, esta culminó el 12 de agosto del 2021, 171 días posteriores a su fecha de término. Las acciones de los trabajadores de la entidad impidieron se cobre la penalidad máxima, generando un perjuicio económico de S/651 272.33 sumado al incremento en los gastos de supervisión por la ampliación de plazo otorgada de 20 días, por un monto de S/19 450.29. En total, se perjudicó al PEBPT con S/670 722 62.

Tras las irregularidades determinadas, se identificaron a tres funcionarios con presunta responsabilidad, dos bajo el ámbito penal y tres a cargo del proceso administrativo de la entidad. El documento fue enviado al director ejecutivo del PEBPT para que adopte las acciones necesarias.

 

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