Opinión │120 días de gobierno de Francisco Sagasti

Escribe: Dr. Francisco Palomino García, exministro de Agricultura  y exjefe de la Autoridad Nacional del Agua

El presidente de la  república,   Francisco Sagasti,  el pasado 17 de noviembre de 2020, en su mensaje a más de 2 millones de agricultores, anunció la aprobación del programa  “Hambre Cero” al que definió como “prioridad de la agricultura”. Han transcurrido más de 120 días de aquel anuncio y  nadie ha cuestionado ni rebatido dicha propuesta.

El presidente lo expresó  de este modo:  “(…) para terminar, quiero decir dos temas adicionales: primero, tiene que ver con el objetivo de la agricultura: la alimentación. Y en ese sentido una de las primeras tareas siguiendo lo que ha planteado y aprobado el Acuerdo Nacional, que contamos con la grata presencia de su secretario técnico, el distinguido Max Hernández, el Acuerdo Nacional ha aprobado un Programa “Hambre Cero”… “En este sentido, desde ahora lanzamos una invitación a los representantes del Acuerdo Nacional para diseñar conjuntamente con el gobierno, con el poder ejecutivo, y con ustedes queridos congresistas, medidas para implementar este Plan “Hambre Cero”; y es allí donde la agricultura encuentra su prioridad, queridos colegas…”

El presidente  sostiene  que “Hambre Cero” sería un “programa” y luego, en el mismo mensaje, señala que sería un “plan”. Cualquier alumno del primer ciclo de administración podría diferenciar, un programa, definido como la fase de la planificación con objetivos específicos y cuantificables, de un plan, cuyos objetivos son generales y no específicos.

Presidente desautorizado

Después de 120 días del mensaje presidencial, la presidente del Consejo de Ministros, Dra. Violeta Bermúdez,   desautorizó al presidente  al anunciar, ante el Congreso de la República, el 3 de diciembre de 2020, que “Hambre Cero”  sería una “intervención  de alcance intersectorial e intergubernamental, de carácter temporal —figura extraña a la planificación del desarrollo— que sería liderado por el Midis, ministerio asistencialista,  absolutamente ajeno a la producción alimentaria y al crecimiento y desarrollo del sector agropecuario que, se supone, debe producir más para distribuir mejor y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Días después el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri),  Lic. Federico Tenorio Calderón, desautorizó a la premier y al jefe de estado,  al declarar que: “(…) en pocos meses no se podrá lograr concretar objetivos grandes, pero sí dejar una POLÍTICA DE ESTADO (…)”, es decir que “Hambre Cero” no sería ni “programa”, ni “plan” ni “intervención”, sino “política de estado”.

Sagasti en CADE 2021

El presidente transitorio, durante su participación en CADE Ejecutivo, el pasado 15 de enero de 2021, se dedicó a parafrasear, insistentemente, a Vallejo y rememorar el periodo de la Ilustración de la Revolución Francesa, sin mencionar una sola palabra sobre agricultura, producción y agroindustria alimentaria, mucho menos mencionar siquiera  el controvertido  “Hambre Cero”,  que yo considero la gran estafa ofertada por el gobierno transitorio, porque  no existe.

Los empresarios de CADE Ejecutivo 2021  aplaudieron la exposición del poeta disfrazado de estadista, que solo corroboraba su marcada incapacidad para conducir los destinos de un país sumido en el injustificable empobrecimiento, a pesar de las inmensas riquezas y recursos naturales que posee.

¿Qué se ha hecho por Hambre Cero?

Lo reprobable es que el presidente Sagasti,  desde  su mensaje a la nación el 17.11.2020, no se molestó  en redactar un solo oficio disponiendo el inicio de acciones o conversaciones para poner en marcha este compromiso de estado, llamado “Hambre Cero”. Tampoco lo han hecho sus ministros del Midis,  del Midagri,  y  del MEF, consumándose,  el gran engaño contra el agro nacional y la población consumidora.

Mientras tanto…

El agro continúa en el abandono absoluto, con un ministro invisible frente a los problemas cada vez más crecientes, dedicado a crear más direcciones generales, como él mismo lo ha declarado el pasado 23 de febrero.

No existe a la fecha un Plan de Emergencia Agraria, integral y de cobertura nacional. El FAE-AGRO sigue siendo más de lo mismo, reeditando el fracasado modelo crediticio del año 2020 que apenas llegó al 1 % de la subasta y el 2 % de la colocación de créditos agrarios, sin un solo céntimo subastado ni colocado en lo que va del año 2021; la misma suerte se corre con el Fondo Agroperú y Agrobanco que no llega, oportunamente, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, menos a los micro-parceleros del ande.

Tampoco existe acompañamiento técnico del estado y los resultados de la campaña agrícola 2020-2021 arrojan cifras deplorables por falta de apoyo crediticio y por la inmanejable disminución de la demanda y precios; la disponibilidad hídrica ha decrecido y nada se ha hecho por prever déficits hídricos en el futuro inmediato; las áreas afectadas por las heladas en la sierra central vienen afectando decenas de miles de agricultores ante un lento e ineficaz seguro agrario catastrófico, que otorga dádivas insignificantes e inoportunas. La planificación es un instrumento ajeno a la gestión del sector agrario, es decir seguiremos caminando a la deriva, en medio de la incertidumbre y la zozobra.

Intromisión de la ANA

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), otrora ente rector técnico normativo y máxima autoridad del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos del Perú, viene jugando un rol tristemente célebre frente a la nefasta, absurda e innecesaria intromisión del poder ejecutivo en los asuntos internos, estrictamente de orden gremial, de las organizaciones de usuarios de agua, como es el caso del proceso eleccionario de sus directivos, postergado, innecesariamente, debido a la inoperancia e incapacidad absoluta del propio poder ejecutivo (ANA-Midagri) y la abdicación de funciones de parte del congreso de la república.

La ANA “celebró” el Día Mundial del Agua con enormes vacíos de gestión, sin contarse, a la fecha, con un inventario nacional de la infraestructura hidráulica y de aguas subterráneas, ni siquiera  parámetros de eficiencia, habiéndose en la práctica, abandonado la formalización de derechos de uso de agua cuyos resultados muestran su indigencia institucional.