AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
El estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú” elaborado por la Contraloría General de la República informó que la región Moquegua perdió durante el año 2019 más de S/ 234 millones como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que representa el 17.9 % del presupuesto público ejecutado en dicho departamento ese año.
La Contraloría hizo una aproximación cuantitativa a partir del perjuicio económico detectado en informes de control posterior emitidos a nivel nacional el 2019, que fue extrapolado (calculado) al universo del gasto total ejecutado por el Estado en dicho año.
En dicho período un total de 264 informes de control (240 simultáneo y 24 posterior, siendo con éste último que se identificó la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de 114 funcionarios públicos).
A nivel nacional
El estudio revela que el año pasado el país perdió más de S/ 23 000 millones como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que se concentra principalmente en la ejecución presupuestal de los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación.
Se emitieron más de 1400 informes de control posterior a nivel nacional y se identificó un perjuicio económico superior a S/ 921 millones, pero eso no es todo lo que se habría perdido debido a que el control es selectivo.
Por nivel de gobierno, el mayor perjuicio económico se registraría en Lima (S/ 10 359 millones), seguido inmediatamente por el Callao (S/ 1132 millones). Asimismo, por nivel de gasto, el mayor perjuicio se registra a nivel del gobierno nacional, con S/ 13 670 737 714 (debido a que concentra más presupuesto público), mientras que el perjuicio a nivel subnacional es de S/ 9 626 298 968
De acuerdo al estudio, los sectores donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25 %), Salud (16.2 %), Educación (15.6 %), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de S/ 156 mil millones.
“Este cálculo, producto de una extrapolación, es un punto de partida debido a que no es posible conocer exactamente las pérdidas generadas porque la corrupción no tiene un registro o contabilidad, es una actividad clandestina, por lo cual lo que se hace es dimensionarlo para conocer su magnitud y de esa manera tomar decisiones”, explicó el contralor general Nelson Shack.
