AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Escribe: Econ. Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura
En el Perú, la deforestación en la Amazonía alcanza los 12 millones de hectáreas, cifra similar a la superficie agropecuaria de la selva declarada en el último censo agropecuario del 2012, de las cuales un poco más de 2 millones de hectáreas corresponden a superficie agrícola en producción. Estas tierras dedicadas a cultivos en la selva están conducidas por más de 459,000 agricultores (96 % corresponde a pequeños y medianos productores de menos de 50 hectáreas).
Esta preocupante cifra de expansión de la deforestación en nuestro país está vinculada, principalmente, a procesos de migración de agricultores de subsistencia que van a la selva buscando un mejor futuro (según Geobosques, el 74 % de los bosques deforestados en el 2020 se realizó en parcelas de menos de cinco hectáreas). Lo más resaltante es que alrededor del 70 % de estas tierras deforestadas se encuentra en situación de abandono, y la mayoría de los que están en uso tienen una productividad muy baja. Adicionalmente, otros factores determinantes de la deforestación son la ausencia de políticas de ordenamiento territorial y de derechos de propiedad de la tierra.
“Cero deforestación”, solo en el papel
Lamentablemente, pese a los compromisos internacionales de “cero deforestación” asumidos por el Perú, las actuales legislaciones en materia forestal y ambiental no han logrado resolver esta problemática generando, por el contrario, mayores barreras burocráticas que van en contra de la seguridad jurídica, la formalización de la agricultura y la producción de servicios ambientales en la Amazonía.
Desde la promulgación de la Ley Forestal en el año 2011, la tasa de deforestación se ha incrementado en 158,000 hectáreas por año, mientras que antes de ese año, dicha tasa era de 105,000 hectáreas por año.
Por otro lado, según el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), menos del 1 % de unidades agropecuarias de más de 10 hectáreas en el país han presentado instrumentos de gestión ambiental, a partir de ello, podemos inferir que casi la totalidad de la agricultura se encuentra en informalidad ambiental. Respecto a los avances en materia de zonificación forestal, de acuerdo con datos oficiales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), solo en el 20 % del territorio se ha delimitado las tierras de carácter forestal.
El Estado es el promotor de procesos migratorios en la selva
La situación se agrava más cuando es el propio Estado quien, en las últimas décadas, ha promovido procesos migratorios en la selva, otorgando derechos de propiedad, créditos, asistencia técnica, subsidios, entre otros bienes y servicios públicos. Respecto a los derechos de propiedad, cifras extraídas del Midagri, dan cuenta de los avances en materia de titulación de tierras rurales, donde el Estado ha titulado hasta la fecha más del 50 % de los predios individuales del país y el 70 % de tierras de comunidades nativas, sin estudios de haber determinado la capacidad de uso mayor de los suelos, incentivando la ocupación pacífica y continua de los terrenos para dedicarlos a la actividad agraria.
Tal como lo afirma Dourojeanni (2020), la mejor manera de contener la deforestación es apostando por elevar la productividad en el campo, es decir producir más por hectárea, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola en la selva, brindando asistencia técnica (paquetes tecnológicos) y económica a los agricultores para que puedan aprovechar bien las tierras que ocupan. Pero, también propone intensificar la explotación de las tierras que actualmente se encuentran deforestadas y que están sin uso por abandono, para lo cual se tiene que propiciar la seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan los agricultores.
En tal sentido, es muy importante que se analice la aplicación de mecanismos realistas de formalización de la agricultura, en cuanto a la propiedad y a la regulación ambiental. No puede imponerse criterios, conceptos o normas que puedan paralizar la agricultura a nivel nacional y, en especial, en la Amazonía del Perú o, lo que es peor, que puedan criminalizar a los responsables de la seguridad alimentaria del país. Si ya tenemos agricultura consolidada, lo que debemos hacer es facilitar los procesos de adecuación y propiciar que puedan atraer capitales para mejorar su productividad que reduzca el uso de tierras, generando incentivos para reducir la deforestación y la pobreza.
Títulos de propiedad o constancias de posesión
Existen agricultores que tienen títulos de propiedad o constancias de posesión, ambos considerados como derechos reales por nuestro código civil, desarrollando agricultura por muchos años. No es realista, por lo tanto, pretender ahora imponer criterios arcaicos como el de la Certificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), que solo deberían servir para hacer una macrozonificación que coadyuve a un ordenamiento territorial, todavía incompleto; más no para definir las potencialidades del uso del suelo para producir alimentos. Si el suelo definiese qué se puede producir, entonces sería imposible tener alta productividad de arándanos en el desierto de La Libertad o en el café que se cultiva en ciertas parcelas en la selva central, seguramente asentadas en suelos con altas pendientes, o en cacao en San Martín o en palma aceitera en Loreto. Según Dourojeanni (2020), el Reglamento CTCUM aprobado en los 70´s debería ser desactivado.
Asimismo, según el mismo autor, el Perú podría duplicar su área productiva y, por lo menos, triplicar su producción agropecuaria y forestal (plantaciones), sin deforestar una sola hectárea adicional si se aplicaran paquetes tecnológicos bien conocidos, ecológica y económicamente viables. Lo que se requeriría para lograr este objetivo es otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad y apalancar los recursos financieros necesarios, a través de créditos o de inversión privada directa para aplicar la tecnología necesaria que supere las limitaciones naturales del suelo.
Esta afirmación puede ser contrastada analizando los datos proporcionados por el Midagri y la plataforma Geobosques del Minam al 2021, sobre ingresos agrícolas y deforestación por hectárea (ver gráfico). Utilizando datos de más de 290 distritos agrícolas pertenecientes a la selva en los que se viene desarrollando agricultura, se ha demostrado que los distritos donde menos deforestan se registra las mayores cifras de ingreso agrícola por hectárea (39 % superior al grupo de distritos de mayor deforestación), especialmente proveniente de cultivos permanentes (54 % de crecimiento frente al 24 % de aumento de los cultivos transitorios).
Por otro lado, estas mismas cifras demuestran además que el porcentaje de la superficie cultivada cuya producción es destinada a la venta es mayor en los distritos agrícolas con menor grado de deforestación (77 % de la superficie cultivada) frente al grupo de distritos que más deforestan (55 %).
En conclusión, el problema de la deforestación no solo se debe centrar en el agente causante de la reducción del patrimonio forestal, sino que tiene que centrarse en identificar los reales incentivos que motivan a los agricultores a decidir talar los bosques.
No más políticas de persecución o criminalización de miles de agricultores
Sería un grave error aplicar políticas de persecución y/o criminalización en contra de miles de familias agricultoras en la selva, por tener que asumir responsabilidades que le correspondieron en su momento al propio Estado por su negligencia y falta de coherencia en cuanto a la ejecución de políticas públicas de desarrollo territorial sin una clara visión de sostenibilidad ambiental. Caso contrario, el costo económico y social sería muy alto porque se pondría en riesgo más de 4,825 millones de soles de capital productivo de 70 cultivos de mayor importancia por su contribución en la generación de ingresos de casi medio millón de agricultores y sus familias, así como la seguridad alimentaria de todo el país dado que la agricultura de la selva es responsable del 83 % de cultivos agroindustriales como café, cacao y palma aceitera; 51 % de la producción de frutas como plátano y cítricos; y, el 30 % de la producción de cereales como arroz y maíz amarillo duro.
