AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Cómo convertir a los productores en sujetos de crédito, la pregunta que nos hacemos desde hace décadas y que ahora tienen algunas respuestas que llegan desde el subsector de microfinanzas. Según el Mag. Jorge Delgado Aguirre, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), la política de Estado para el agro debería tomar en cuenta lo siguiente:
1) Disminuir la intervención de los intermediarios: El precio de los productos agrarios en el mercado es muchísimo mayor respecto a lo que reciben directamente los agricultores en sus chacras. La parte del león se la llevan los intermediarios. Tanto el costo del transporte como el porcentaje reservado a los comercializadores ponen en riesgo la rentabilidad que corresponde a los productores. Este sistema de comercialización inequitativo llega al extremo que los productores prefieran —muchas veces— deshacerse de sus cosechas porque los precios no los benefician. Se estima que un producto agrario para llegar al consumidor final pasa por hasta ocho manos. Si el productor agrario vendiera directamente al mayorista, podría conseguir rápidamente financiamiento, capacidad de autocapitalizarse y garantías para un préstamo en una entidad microfinanciera.
2) Establecer precios de referencias: Actualmente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ofrece algunos datos actualizados sobre los precios de los productos en el mercado minorista y mayorista, pero hay poca información sobre el precio en chacra y por zonas de producción. Acceder a esta información oficial, con precisión y oportunidad, ayudaría a que los productores puedan tener mejor capacidad de negociación. (Para eso el Estado tiene más de 70 radioemisoras y un gran número de estaciones de televisión). Además, esta información oficial serviría a las entidades financieras para proyectar las futuras ganancias de sus clientes agropecuarios.
3) Relación Midagri y entidades financieras: En un mundo cada vez más globalizado, digitalizado y con acceso a información rápida, es necesario que las entidades financieras y el Estado intercambien datos fidedignos con el propósito de procurar un mejor financiamiento al agro. En esa línea, las entidades financieras requieren de información específica sobre zonas productoras, tipo de cultivos, los niveles de actividad agraria por región, la oferta que habrá por campaña, los niveles de demanda, la disponibilidad hídrica, así como información sobre factores (hidroclimáticos, tendencias del mercado, disponibilidad laboral, transporte, costos adicionales como peajes, etc.) que pudieran favorecer o impactar negativamente en el precio final de los productos.
4) Información sobre climas y plagas: En un contexto de cambio climático, las entidades financieras deben contar con información del clima y sus proyecciones, así como alerta oportuna sobre la presencia de plagas y enfermedades fitosanitarias que pudieran afectar a determinados cultivos, que han sido financiados a través de créditos, así como cuáles están cubiertos por el Seguro Agrario Comercial y por el Seguro Agrícola Catastrófico, a fin de que puedan cubrir los riesgos de los productores.
Avanzar hacia la inclusión financiera
En el país la inclusión financiera ha tenido un rápido desarrollo en las capitales de las regiones, pero no en las zonas rurales o más alejadas. Para muestra un botón: en 2018, el 50 % de los distritos de Loreto y Amazonas, no tenía acceso al sistema financiero, en relación a Lima, donde el total de sus distritos cuenta con cajeros automáticos, agentes financieros, oficinas bancarias y otros servicios, según el Plan Nacional de Inclusión Financiera, publicado en el 2019 por el gobierno de ese entonces.
Asimismo, la percepción de que los clientes no obtendrán un crédito es más fuerte en las zonas rurales, donde el 32 % de la población se inhibe a solicitar un préstamo porque piensa que no se lo darán ya sea por sus bajos ingresos o por no contar con las garantías suficientes que respalden la entrega del crédito.
Pocos gestionan créditos
El IV Censo Nacional Agropecuario reveló que solo el 9,1 % del total de productores agrarios del país gestionó un servicio de crédito (10.4 % hombres y 6.4 % de mujeres), dentro de cuyo marco, los productores de la costa son quienes gestionan mayor porcentaje de créditos (20.7 %), seguidos por los de selva (11.8 %) y la sierra (5.5 %). Para el 2022 está programado un nuevo Censo Agropecuario en el que se espera que las cifras revelen estas y otras inequidades.
La SBS debería informar
En el país existen 32 entidades de microfinanzas y 420 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac), que atienden especialmente en las áreas rurales más desarrolladas, así como en las urbanas. No obstante, se desconoce en qué porcentaje aquellas atienden al sector agropecuario (clientes de este sector están incluidos en los créditos a Mypes), debido a la falta de información detallada de la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS), según explica el Mag. Jorge Delgado Aguirre.
Existe desinformación acerca de los negocios complementarios del agricultor; cuántos y quiénes capitalizan con los préstamos que les ofrecen sus acopiadores (caso de los molineros con los arroceros); las microfinancieras comunales y el financiamiento que otorgan a sus asociados las cooperativas agrarias. Estos datos y otros como los ya mencionados anteriormente serían importantes hacia una inclusión financiera del sector agropecuario.
