AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República evidenció que los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Otoca no cautelaron la correcta ejecución de la represa Collpahuaycco y el canal de riego Casone, ubicados en la provincia de Lucanas, región Ayacucho, y no ejecutaron la garantía de fiel cumplimiento, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/903 963.
En el informe de Servicio de Control de Hechos Específicos n.° 008-2023-2-0365 se detectó que el alero del aliviadero de demasías (estructura hidráulica que sirve para el vertido de caudales de grandes crecidas) se ejecutó con dimensiones menores a las requeridas.
Según el estudio hidrológico del expediente técnico reformulado debió construirse para evacuar 52.00 m3/ s, pero solo se construyó para la salida de 10.00 m3/s.
Dicha infraestructura sufrió daños por las precipitaciones de lluvias en marzo de 2017 por lo que se advierte que también podría volver a colapsar. En la visita realizada por la comisión auditora se observaron desprendimiento de concreto, rajaduras y fisuras en los muros del canal y otras estructuras que pertenecen al aliviadero.
Asimismo, al percatarse de que la infraestructura de evacuación del agua era menor a lo requerido los funcionarios propusieron y aprobaron construir una nueva infraestructura para poder cumplir con la evacuación de la cantidad de agua que indicaba el estudio hidrológico, por lo que debieron dejar de construir un canal de 6.75 km, el cual tenía la finalidad de garantizar la entrega del recurso hídrico a los terrenos y parcelas donde se regarían los cultivos.
Dicho cambio se realizó sin una justificación técnica afectando la buena ejecución de la obra, su culminación satisfactoria y la puesta en funcionamiento en favor de los beneficiarios.
La obra tuvo un financiamiento de S/5 804 958 para mejorar y contribuir en la actividad agrícola y ganadera de las familias de las comunidades campesinas de Casone-Ccolhapata, Uruiza, Otoca y Concepción del Distrito de Otoca, con más de 3000 beneficiarios directos.
Como resultado del servicio de control posterior se identificó la presunta responsabilidad penal de cuatro funcionarios. El informe fue comunicado a la Municipalidad Distrital de Otoca y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de los procesos correspondientes.
