AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General identificó que la Municipalidad Provincial de Lampa, región Puno, realizó el pago de S/36 600 por la adquisición de 920 pajillas de semen de bovino congelado para el proyecto de “Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero”; sin embargo, los responsables del proyecto sólo recibieron 234 pajillas, quedando pendiente 686, lo que podría generar el riesgo de un perjuicio económico por S/28 932,00.
El jefe del Proyecto señaló haber entregado al especialista en mejoramiento genético un total de 321 pajillas, pero no cuenta con documentación que acredite dicha entrega. Mientras que el resto de bienes se encuentra en custodia del proveedor, y al respecto, los documentos remitidos no permiten establecer la cantidad que se encontraría en su poder, lo que podría afectar los objetivos del proyecto.
El Informe de Visita de Control N°027-2020-OCI/0461-SVC, también alertó que la conformidad de los bienes (semen de bovino) adquiridos no acredita la existencia física de los certificados zoosanitarios emitidos por el país de origen, incumpliendo con lo solicitado en los términos de referencia, lo que podría ocasionar un perjuicio económico de S/3 660 por concepto de la penalidad no aplicada al proveedor.
También se advirtió que las fichas de asistencia técnica en inseminación (ficha de registro) no consigna información respecto al importe que se cobra a los beneficiarios; además, la recaudación no es ingresada oportunamente a través de caja de la entidad, generando riesgos de pérdida, apropiación o sustracción de dinero.
Por otro lado, se reveló que la entidad para emplear la comparación de precios cotizó a proveedores que tengan disponibilidad inmediata para la entrega de las pajillas y así cumplir con los objetivos del proyecto; sin embargo, luego del otorgamiento de la bueno pro, emitió la carta N° 001-2020-MPL/HNH solicitando al postor ganador la presentación de documentos para generar la orden de compra (contrato), petición atendida dentro de plazo; pese a ello, la orden de compra se notificó 18 días después, dilatando así la entrega de los bienes por parte del proveedor, lo que pondría en riesgo el normal funcionamiento de la administración pública.
