AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Asociación de Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus) rechaza y condena todos los actos de violencia que se vienen produciendo en Ica, perpetrados por personas que buscan hacer escuchar demandas laborales relacionadas con la informalidad del sector.
El gremio reconoce el derecho que tiene todo ciudadano de protestar, pero sin que ello signifique cometer delitos ni atentar contra la propiedad y los derechos fundamentales de los demás ciudadanos peruanos.
Mediante un comunicado condena el maltrato al trabajador agrario, el recorte ilegal de sus derechos laborales, el uso de los “services” y cualquier otro incumplimiento de la legislación laboral agraria.
También rechaza las informaciones falsas que vienen vertiendo diferentes políticos y personalidades que históricamente han estado de espaldas a la realidad agraria del país, donde más del 80 % de la actividad agrícola es informal y no cumple con la legislación laboral vigente.
Precisa que es falso que el sector agroexportador pague menos beneficios laborales que otros sectores de la economía. En el documento se lee: “La Ley de Promoción Agraria, que no sólo aplica a los agroexportadores, sino a toda la actividad agropecuaria, acuícola y forestal contempla los mismos beneficios laborales que el régimen general”: 2 gratificaciones al año, CTS, 30 días de vacaciones, jornada semanal de 48 horas, pago de horas extras, pago de dominical y pago de asignación familiar.
“Nuestra asociación está compuesta por pequeños, medianos y grandes productores de cítricos del país, todos integrados en una cadena productiva formal que ha permitido al país ser uno de los principales abastecedores de mandarinas para el mundo y tener cubierto el consumo nacional de cítricos para la población peruana. Gracias al régimen agrario y a la formalización que ofreció esta ley a miles de productores del país, es que hoy estos pequeños y medianos agricultores están insertos en una cadena agroexportadora”, indica.
Agrega que la informalidad hace mucho daño al país y es un lastre muy pesado que cargamos todos los formales. Es obligación del Estado combatirla y fiscalizar enérgicamente al sector, ampliando su espectro de intervención a todas esas empresas que incumplen las leyes laborales.
“No se puede generalizar prácticas ilegales en detrimento de un régimen constitucional, ni satanizar a un sector que ha traído progreso y bienestar a muchas familias peruanas, en especial en las zonas rurales olvidadas por el Estado”, añade.
“Basta de mentiras y de medias verdades que pretenden crear caos y confundir a los medios de comunicación; basta de satanizar a un sector productivo que cumple con todas las condiciones laborales de sus trabajadores. Respaldamos la Ley de Promoción Agraria y demandamos las acciones más enérgicas de nuestras autoridades para combatir la creciente informalidad, el maltrato a los trabajadores, el recorte de derechos laborales por parte de cualquier empresa y el vandalismo que campea en la economía peruana”, puntualiza.
