AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Escribe: Dr. Francisco Palomino García
El autodenominado Pleno Agrario fue todo un bluf periodístico, organizado semanas atrás, apuntando a generar enormes expectativas en el sector agrario. Con bombos y platillos se anunció la aprobación de 14 dictámenes provenientes de la Comisión Agraria del Congreso de la República que marcaría, a decir de sus voceros, el inicio de la gran transformación del agro que dejaría atrás la penosa historia de olvido y abandono de la pequeña y mediana producción agropecuaria.
El primer traspié fue la postergación hasta el día siguiente (viernes 16 de octubre), demostrando con ello, improvisación y sobre todo la segunda o tercera prioridad que significaba el agro para el parlamento. Llegado el día, abundaron los discursos rimbombantes, casi todos leídos, tanto del presidente de la Comisión dictaminadora como de los congresistas ávidos de protagonismo y de participar del show de leyes agrarias.
Desde las tribunas, los séquitos y acólitos del gobierno de Vizcarra y del Congreso de la República, fungiendo de legítimos representantes nacionales del agro, sin mayor sacrificio, coincidían en aplausos ante cada dictamen aprobado, sin inmutarse que en las afueras del hemiciclo, los gremios agrarios que no se prestaron a la comparsa, no solo desconocían, contundentemente, a los representantes allí instalados, a quienes tildaron de traidores al agro e inconsecuentes con el exitoso paro nacional agrario del 13 de mayo del 2019; también denunciaban que este Pleno Agrario se desarrollaba a espaldas de los productores del campo, inclusive ajenos y extraños a los urgentes reclamos de dos millones de pequeños y medianos agricultores del Perú.
El Pleno Agrario lo inaugura el gobierno de Vizcarra representado por el ministro de Agricultura y Riego que, en su fallido intento por lucir su popularidad con los gremios agrarios, envió “saluditos” a la tribuna, donde supuestamente se encontrarían los integrantes de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú (JNUSHRP), ignorando que ésta, días atrás y desde los exteriores del Congreso, atacaba a mansalva a los protagonistas de este “show” legislativo que emprendía la aprobación de leyes intrascendentes, desvinculadas de la triste realidad del sector agrario.
Mientras esto sucedía en Lima, en el Perú profundo se encontraban dos millones de pequeños y medianos agricultores del país, en particular de 15 regiones que padecen los estragos de la falta de previsión del gobierno: seis de ellas con déficit hídrico y en emergencia ante 17 mil hectáreas ya afectadas y 10 mil agricultores que lo perdieron todo por la falta de agua, condenados, por falta de recursos y crédito, de instalar cultivos en la siguiente campaña agrícola 2020-2021, iniciada ya desde agosto de este año; además, decenas de miles de agricultores de nueve regiones que han declarado no sembrar durante esta campaña agrícola, abandonados y abatidos por la ausencia del estado.
El Minagri y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), además de su tardía reacción frente al crítico problema del déficit hídrico, ha dispuesto, con imperdonable torpeza e insensatez que, en forma inmediata, los agricultores afectados procedan a utilizar agua subterránea, a través de pozos tubulares, como si la instalación de éstos fuera tarea fácil y los agricultores, prácticamente damnificados, tuvieran disponibles los recursos económicos necesarios para perforar e instalar un pozo tubular de forma inmediata.
Sin embargo, el problema no sólo es el estrés hídrico y los damnificados, en el norte. Decenas de miles de agricultores de nueve regiones del país, golpeados por la pandemia y la crisis económica mal afrontada, habían anunciado, desde meses atrás, que dejarán de sembrar en alrededor de 30 mil hectáreas, precisamente, por falta de recursos económicos, cifra que podría duplicarse debido a que la inmensa mayoría de pequeños parceleros, casi nunca registran, oficialmente, su intención de siembra. A este patético cuadro social, se suma la situación crítica que atraviesan 600 mil productores de papa, cuyos precios, por la caída abrupta de la demanda, no cubren siquiera una parte de los costos de producción, corriendo el peligro casi inminente de perderlo todo e ingresar al grupo de la extrema pobreza, previéndose que miles de hectáreas más no serán cultivadas, precisamente, por falta de recursos económicos.
En la vereda del frente, el Agrobanco, entidad deficiente, burocrática e inservible, acaba de cambiar por tercera vez, su presidente, en menos de 30 días, desatendiendo el álgido problema del desfinanciamiento de dos millones de pequeños agricultores, dedicados a garantizar el abastecimiento de los mercados y la alimentación, no ha sido capaz de agilizar la colocación de créditos, sobre todo para la instalación de la campaña agrícola iniciada hace tres meses.
Por su parte el tan anunciado FAE-Agro terminó siendo un fraude y engaño al campo. Es imperdonable que luego de cuatro meses de publicada la norma que aprueba el FAE-Agro, sólo se haya colocado el 1 % de lo destinado para este propósito, a tres meses de iniciada la campaña agrícola 2020-2021.
Pero ese no es todo el panorama sombrío de la agricultura y los responsables de la política agraria en el Perú: a siete meses de haberse emitido el Decreto de Urgencia N° 041-2020, el Minagri sólo ha sido capaz de ejecutar el 10 % de los recursos destinados a las actividades de limpieza de canales de riego y drenes menores, a través de núcleos ejecutores, algo tan simple y sencillo que las propias organizaciones de usuarios de agua la realizan, permanentemente, mediante faenas y trabajos comunales. Inclusive se calcula que su canalización directa y sin el Minagri, le hubiese ahorrado al estado peruano, la tercera parte de lo que hoy gasta incluyendo el innecesario 10 % de gastos administrativos.
Como se puede observar, dos escenarios absolutamente alejados uno de otro. Un escenario expresado en el Pleno Agrario, protagonizado por el Congreso de la República, el gobierno de Vizcarra y sus acólitos, apurados en aprobar leyes a espaldas de los agricultores, todas ellas intrascendentes, declarativas y absolutamente inútiles para el agro; y, el otro escenario, marcado por la incontrastable y cruda realidad, la del Perú profundo y su desolado panorama agrario, provinciano y andino, alejado, ajeno y extraño al gobierno y a los padres de la patria.
¿De qué leyes fraudulentas, decorativas, embusteras e intrascendentes, estamos hablando? Para muestra un botón, reza el viejo adagio popular. Veamos.
La reestructuración del Minagri
Fue presentada por el Poder Ejecutivo, ante el reclamo sobre la inoperancia del Minagri, como una ley “innovadora”, “reestructuradora” y “salvadora” del sector agrario. Nada más falso. Esta ley pretende, por el contrario, blindar la inutilidad del Minagri y la incapacidad de sus funcionarios, haciéndole creer a los congresistas y al país que se trata de la creación de un nuevo ministerio de agricultura, con distinta misión y visión institucional; y eso no sucede con esta ley.
Esta es la ley más embustera y fraudulenta del Pleno Agrario, lamentablemente, aprobada por unanimidad, debido a la ignorancia supina de todos los congresistas de la república, sin excepción alguna que permita resaltar o rescatar.
Esta “innovadora” ley, contiene, repetidamente, casi el 90 % del texto contenido en el Decreto Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificada por la Ley N° 30048-Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura. La simple lectura de los textos mencionados, nos permitirá abrir los ojos y darnos cuenta que se trata de un simple cambio del nombre del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) por el de Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDA), copia brasileña de la década pasada; además, se cambia el nombre de los dos intrascendentes e inútiles viceministerios: 1) Infraestructura Agraria y Riego por el de Servicios Agrarios; y, 2) Políticas Agrarias por el de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario.
Esta ley que ha introducido la denominación cosmética de “Agricultura Familiar” cuyo maquillaje ha servido para satisfacer las agrias demandas o entretener a los incautos, no hace sino cumplir un despropósito, por no decir barbaridad, al encasillar a la agricultura familiar en un viceministerio, quebrando la naturaleza, concepción y carácter transversal que posee, en la actualidad, la “agricultura familiar”, y que esta ley embustera la separa y divide de los “servicios agrarios”, alineado a un vice ministerio distinto, en un despliegue de absoluto desconocimiento e incompetencia de nuestro congreso de la república y la viveza criolla del gobierno que acabó vendiéndole “gato por liebre”.
Pero, además, el embuste va más allá. El simple cambio de nombre que “encubre” la ley, no es inspiración original e inédita de este gobierno ni del Minagri ni mucho menos de este congreso. Ya el 24 de junio del 2013, como muestra de adhesión y homenaje al “Día del Campesino”, el congreso de entonces y el gobierno conyugal, lograron “engatusar” a los agricultores y al país, usando los mismos elementos y actores de hoy, aprobándose una ley con el mismo objeto, que finalmente terminó sólo útil, tal como sucede hoy, para cambiar, únicamente, el nombre del entonces Ministerio de Agricultura (MINAG) por el de Ministerio de Agricultura y Riego (copia fiel de Chile), cuestionable hasta en la denominación, al no existir “agricultura sin riego”.
¿La Ley N° 30048 cambió, reestructuró o mejoró el sector agrario, tal como se le ofreció a todos los peruanos? Por el contrario, el sector agrario retrocedió, inclusive al crearse dos viceministerios se formó una frondosa e innecesaria burocracia que terminó repletando las planillas con funcionarios ineptos y consultorías inservibles, cuyos resultados lo padecemos todos los peruanos, en especial los agricultores del país. Sólo como prueba, desde el año 2011 a la fecha, el nivel promedio de ejecución presupuestal, no ha sobrepasado siquiera el 75 %, significando que, durante ese periodo, el sector agrario ha dejado de invertir, aproximadamente, 5 mil millones de soles por incapacidad de gasto y de gerenciamiento, es decir por ineptitud e incompetencia.
¿Acaso el cambio de nombre del Minag por Minagri, efectuado en junio de 2013, a través de la Ley Nº 30048, ha solucionado los grandes y crónicos problemas que sufre el sector agrario?
Leyes declarativas, intrascendentes e inútiles
Sin embargo, la lista de leyes inútiles para solucionar los álgidos problemas del sector agrario, es amplia y frondosa. La Ley de Promoción del Consumo de Café, es una de ellas, que tan solo “recomienda” a las entidades públicas y privadas que promuevan el consumo de café en sus eventos, reuniones y toda clase de actividades oficiales; otra es la Ley que “protege” los andenes en el país y “promueve” su construcción y recuperación, en desconocimiento que esta actividad es propia del Programa “AgroRural” que ejecuta proyectos con el BID desde la década pasada; o aquella Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la presa “La Polvareda” en Pisco, sin advertir que el Congreso carece de iniciativa de gasto, constituyendo por tanto un saludo a la bandera y un engaña muchachos para sus electores.
Otra de las leyes cosméticas “en favor del agro” es aquella que modifica el D.U. N° 016-2019, dicen para destrabar la paralización del Proyecto Majes Siguas II, ignorando que la verdadera traba de este emblemático proyecto de irrigación es la optimización de las obras de la primera etapa y el saneamiento de los terrenos de la comunidad de Pusa Pusa, en Arequipa, sin que los congresistas adviertan que la trampa encubridora de la transferencia del proyecto al Minagri, tan igual como se pretendió hacer con Lomas de Ilo, y que la firma de la Adenda 13 es el acto que consumará la inviabilidad total y absoluta del ansiado proyecto agrícola que se dejó expedito en diciembre de 2010 y que los gobiernos sucesivos, regionales y centrales, por desgracia del pueblo arequipeño, han sido abandonados.
Sin embargo, la aprobación de la Resolución Legislativa que autoriza la conformación de la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre el Perú y Ecuador, constituye el reconocimiento expreso del Congreso a su desgano por el agro y a la incompetencia del Poder Ejecutivo, en razón que el dictamen de esta resolución aprobado con bombos y platillos, fue aprobado en comisión, nade menos que el año 2018, manteniéndose en la congeladora durante dos años. A ello se suma el hecho por el cual el Poder Ejecutivo, luego de casi 10 años de desinterés, y teniendo la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que les facultaba, recién se dan cuenta de la necesidad de implementar mecanismos de articulación y participación intergubernamental para mejorar la gestión de las cuencas transfronterizas con el Ecuador, ignorando además los precedentes del Proyecto Binacional “Puyango-Tumbes”, mediatizado y prácticamente paralizado por el gobierno conyugal y por este gobierno.
Por otro lado, la Ley que crea los mercados virtuales, esta es una ley declarativa cuyo objeto es solo “promover” la creación de plataformas digitales, desconociendo que éstas son competencias propias del ministerio de agricultura, no requiriéndose de una ley que permita o autorice el funcionamiento de dicha plataforma que en las zonas rurales y en el ande constituye un saludo a la bandera.
En cuanto a la llamada Ley de Mercados Itinerantes, que modifica la Ley 29676-Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios, incluyendo el nombre de los mercados itinerantes, es igualmente innecesaria e intrascendente. Estos mercados no son sino las antiguas “ferias agropecuarias” o los conocidos “mercados de la chacra a la olla”, que funcionan sin necesidad de una ley.
Sobre la ampliación de la moratoria a los transgénicos
Lo de la Ley que amplía la moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) al territorio nacional por un periodo de quince años, hemos señalado con insistencia que ésta ha servido para blindar la incapacidad y la desidia del Minagri y de los gobiernos de los últimos nueve años en que se aprobó la primera moratoria, al no existir una sola propuesta de solución para cubrir la brecha biotecnológica y le permita a los agricultores contar con semillas mejoradas, de alta calidad y rendimiento, de efectiva adaptación al cambio climático y de mayor resistencia a niveles hídricos deficitarios y problemas de plagas y enfermedades. Nada de eso se ha hecho como tampoco se ha impulsado la investigación científica y la innovación biotecnológica capaz de contribuir a mejorar los niveles de producción, productividad y competitividad que garantice la seguridad alimentaria del país. Los gobiernos, por el contrario, han permitido que ingresen al país productos procesados con insumos transgénicos, como el maíz, soya y otros.
En resumen
Un Pleno Agrario convertido en buen criollo, en un saludo a la bandera con leyes que en nada o muy poco habrán de beneficiar a los agricultores del Perú, en otras palabras, el Pleno Agrario terminó siendo una farsa como el “Pleno Agrario”, orquestado por el anterior congreso, ambos efectuados a espaldas de los productores agropecuarios y de las organizaciones agrarias con legítima representación.
