AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Escribe: Dr. Laureano del Castillo, responsable del Programa de Políticas Rurales en Cepes
Desde mediados de la década de 1990 la única política agraria que se viene aplicando en el país es la promoción de la agroexportación, dándole a los empresarios significativos beneficios, entre ellos la rebaja del 50 % de la tasa del impuesto a la renta, recuperación anticipada del IGV pagado, depreciación acelerada de activos y un régimen laboral especial, que lo hacen muy atractivo. A ello, hay que agregarle que en estos meses se ha anunciado el reinicio de grandes obras de irrigación con fondos públicos, como Majes-Siguas II y la tercera etapa de Chavimochic, que no benefician a los pequeños productores sino a las grandes empresas agrarias.
Y en contraste, es innegable que, desde el Poder Ejecutivo, más allá de los anuncios que se hicieron sobre todo en estos siete últimos meses, es poco lo que se ha hecho en forma consistente en favor de la agricultura familiar. Las organizaciones agrarias, especialmente Conveagro, y profesionales del sector vienen reclamando atención para este subsector, justamente porque es la que provee —conforme el mismo Estado reconoce— alrededor del 70 % de los alimentos que consumimos los peruanos.
Prueba de ello, en parte, es que, de los 83 acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo Multisectorial, muchos de ellos, como pudo verse en el informe final, reflejan un compromiso o voluntad de concretarse o recién estudiarse (“se trabajará coordinadamente”, “se suscribirá un convenio”, “se creará y formulará programas nacionales”, “se promoverá la aplicación de la ley”, etc.), pero no más.
Además, de acuerdo con lo que estamos viendo en estos meses, más allá de medidas aisladas, no existe un plan para reactivar la agricultura, entendiendo que la mayor parte de la agricultura peruana está formada por agricultores y agricultoras familiares, que componen el 97% del total de las más de 2.2 millones de Unidades Agropecuarias, según cifras oficiales.
E incluso, pese al lanzamiento del FAE-Agro, en julio de este año, hasta la fecha solo ha logrado colocar casi 41 millones de soles, esto es el 2 % del fondo disponible, de acuerdo con informaciones periodísticas. La mayor explicación tiene que ver con la distancia del sector financiero de los pequeños agricultores. Todo ello implica un enorme retraso si se estaba pensando en este como un mecanismo para ayudar a financiar la campaña agrícola 2020-2021, que se inició en agosto de este año.
Tampoco el Congreso de la República ha estado a la altura de lo que espera la agricultura nacional —conformada mayormente por pequeños agricultores y minifundistas—. El primer Pleno Agrario aprobó algunas leyes, pero dejó mucho pendiente, mientras que este segundo Pleno Agrario aprobó algunas importantes medidas, como la prórroga de la moratoria del ingreso de transgénicos, la Ley de compras estatales para productos agrarios y la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero se requiere mucho más para garantizar nuestra seguridad alimentaria y la mejora de condiciones de vida de ciudadanos peruanos y peruanas que tienen, como todos los demás, derecho a gozar de servicios de calidad.
