Modificación a Ley Forestal y de Fauna Silvestre deforestación bosques Perú

Modificación a Ley Forestal y de Fauna Silvestre: ¿Licencia para deforestar bosques?

La reciente propuesta de modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre-Ley 29763, aprobada por insistencia en el Congreso de la República, el 14 último, plantea modificar el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual podría resultar en la legalización de actividades agrarias en áreas boscosas y con suelos forestales, sin el respaldo técnico necesario.

Esta modificación no solo fomenta y legaliza la deforestación y degradación de los bosques, sino que también amenaza los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía, al tiempo que vulnera los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La Abog. Frida Segura Urrunaga, asesora legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), destaca que esta aprobación representa un revés en la lucha contra la deforestación al poner en riesgo los parches de bosques que aún existen en tierras que son forestales y que vienen siendo usadas para la agricultura. Además, argumenta que constituye un retroceso al socavar los derechos de los pueblos originarios, que no han sido consultados.

Riesgos potenciales

La Abog. Segura detalla los riesgos potenciales de esta modificación en varios aspectos:

a) Ambientales: La posibilidad de otorgar títulos de propiedad en zonas destinadas a proyectos forestales, agroforestales o de conservación amenaza la diversidad biológica, los bosques y sus servicios ecosistémicos. La eliminación de estudios técnicos aumenta el riesgo de daños ambientales, al desestimar evaluaciones especializadas para cambios en el uso del suelo.

b) Económicos: La promoción de actividades agrícolas en tierras destinadas a usos forestales, agroforestales o de conservación puede hacer que las actividades agrícolas de pequeña escala no sean rentables ni sostenibles a mediano y largo plazo. Esta modificación facilita que el Estado pierda su capacidad de promover la recuperación y conservación de estas áreas.

c) Sociales: El aumento de conflictos sociales por inversiones en monocultivos en la Amazonía podría intensificarse. Desde 2010, se ha observado un aumento de plantaciones de cultivos agroindustriales, algunas sin cumplir con los permisos ambientales y forestales correspondientes, afectando los bosques y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Oposición del Serfor

Además, resulta cuestionable que los autores de los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR no hayan solicitado la opinión del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que se opuso a la propuesta y evidenció su inviabilidad en informes técnicos y comunicados oficiales, revelando la falta de consulta durante la elaboración del proyecto de ley.

Exportaciones en riesgo

Por otro lado, esta propuesta contradice las regulaciones de la Unión Europea que prohíben la importación de productos asociados a la deforestación, tales como el cacao, el café, la palma aceitera o la soya. Si se llegara a aprobar esta modificación, podría conllevar un riesgo significativo para la exportación de productos peruanos que no cumplan con los rigurosos estándares ambientales establecidos.

Grupos de poder

Mientras organismos técnicos como el Serfor, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas cuestionan la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna, los empresarios y sectores agroindustriales respaldan la enmienda.

En conclusión, la propuesta de modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en Perú genera preocupación y rechazo debido a sus posibles impactos ambientales, sociales y económicos, así como a su aparente contradicción con normativas internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Ahora que la propuesta de ley deberá someterse nuevamente a debate en el Congreso, la sociedad anhela un análisis minucioso y participativo que tome en cuenta las opiniones de todos los actores involucrados, asegurando así la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales del país.

 

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