AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República evidenció que la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios adquirió 500 millares de tubetes de polipropileno que no estaban contemplados en el expediente técnico del proyecto de inversión denominado “Recuperación de los suelos deforestados para mejorar la producción de cacao en 25 sectores de la provincia de Tambopata y 18 sectores de la provincia de Tahuamanu”.
Según el Informe de Control Específico n.° 016-2023-2-5346-SCE, que comprende el período del 22 de mayo 2017 al 27 de febrero del 2022, el supervisor y residente del referido proyecto realizaron hasta tres modificaciones del expediente técnico para sustentar la compra y distribución de los objetos.
A pesar de que en la segunda modificación no se tenía contemplado ni presupuestado la adquisición de tubetes, se concretó la compra al incluir el gasto en el Plan Operativo Anual (POA) 2019.
Es decir, no se realizó ningún informe técnico elaborado por el residente, supervisor u otro especialista del proyecto de cacao que sustentara la utilización de estas herramientas que permiten la propagación de plantas y semillas en lugar de las bolsas de polietileno como estaba previsto en el expediente técnico y era de menor costo.
Durante la visita realizada el 18 de mayo del 2023 al almacén del proyecto de cacao, los auditores hallaron un total de 253 180 tubetes de polipropileno que no habían sido distribuidos a los viveros beneficiarios como era su propósito.
Asimismo, tomaron conocimiento que hay un informe donde se precisa que los referidos materiales ya no iban a ser distribuidos, lo que deja en evidencia que la compra no tuvo un sustento técnico.
De los cuatro viveros donde se llegó a realizar la repartición de los materiales, se obtuvo la información de que no fueron usados para la producción de semillas de cacao como estaba contemplado cuando se realizó la Adjudicación Simplificada n.° 005-2019-DRA-MM, sino que se destinó para la producción de plantones forestales. Es decir, no se cumplió con la finalidad de la contratación pública.
Todas estas acciones causaron un perjuicio económico de S/210 000 a la entidad, por lo que se identificó la presunta responsabilidad civil en dos servidores. Ante ello, se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones correspondientes.
