AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, pidió a la Comisión de Economía del Congreso de la República, a donde pasó el proyecto de la nueva Ley Agraria, escuchar a todas las partes y hacer un análisis estrictamente técnico para reformularla, considerando el impacto de ese sector en la economía y su potencial a futuro.
“El año pasado generó 1 millón 236 mil empleos directos, indirectos e inducidos en regiones como Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima y Arequipa. Hacia el 2000 solo el 10 % de los trabajadores eran formales y gracias a la apertura de mercados, el trabajo de las empresas y la Ley de Promoción Agraria N° 27360, ese porcentaje se incrementó a 25 % el año pasado”, detalló.
“Cifras a octubre nos señalan que, del total de empresas de todos los sectores (por monto exportado), 11.8 % son grandes, 2.1 % son medianas, 27.1 % son pequeñas y 59 % son microempresas. Esta es la estructura de las empresas exportadoras y claramente nos dice que nos falta hacer más para hacer competitivo nuestro aparato productivo. Las normas que se den desde el Ejecutivo y el Legislativo deben ayudar a ese objetivo”, opinó.
El líder gremial invocó a los congresistas a no generalizar y separar el polvo de la paja, pues existen empresas comprometidas con sus trabajadores y el crecimiento del país que invirtieron acorde al marco legal entonces vigente, aprobado en el congreso y promulgado por el Gobierno. “El problema no era la ley, sino la mala aplicación por parte de un grupo de empresas y la falta de fiscalización”, acotó.
Lamentó que, en momentos que países como Colombia y Ecuador toman como modelo la Ley N° 27360 para impulsar más agresivamente sus agroexportaciones, Perú está vacilante respecto a sus propias políticas promotoras. Ese vacío afecta el tejido productivo y favorece el posicionamiento de la oferta de otras naciones.
Asimismo, solicitó al Estado asumir su responsabilidad para con la población más humilde que no cuenta con los servicios básicos de agua, electricidad, educación e infraestructura (vías de acceso). “En la medida que no se atiendan esas necesidades no se extinguirá el riesgo de actos violentistas. Las empresas privadas generan empleo y ayudan a descentralizar la economía, el Gobierno debe hacer su parte”, añadió.
