AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) transfirió S/1 424 584 al Gobierno Regional de Junín para financiar la georreferenciación de 92 901.07 hectáreas en 11 comunidades nativas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La intervención beneficiará directamente a 1852 familias indígenas de los distritos de Río Tambo, Pangoa y Mazamari, en la provincia de Satipo. Estas acciones permitirán fortalecer la seguridad jurídica de sus territorios comunales y proteger sus derechos colectivos sobre la tierra.
El trabajo también contribuirá a reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente al narcotráfico, la tala ilegal y la ocupación irregular de tierras. Con territorios delimitados y reconocidos, más familias podrán fortalecer su gobernanza comunal y sostener una vida alejada de actividades ilícitas.
Las actividades beneficiarán a comunidades nativas vinculadas a las organizaciones indígenas CART, KANUJA, FARE, OCAM y CONOAPP.
Además, se contempla la instalación de 110 hitos de concreto para precisar los límites comunales reconocidos. La primera actividad corresponde a la “Georreferenciación del plano de demarcación territorial de las comunidades nativas de la CART (Río Tambo) y de KANUJA (Pangoa)”, intervención que comprende cuatro comunidades nativas y cuenta con una inversión de S/706 267.
La segunda actividad, denominada “Georreferenciación del plano de demarcación territorial de las comunidades nativas de la OCAM (Mazamari), de la FARE (Río Tambo), KANUJA (Pangoa) y CC. NN. Matzuriniari – Satipo – Junín”, beneficiará a siete comunidades nativas, con una inversión de S/718 317.
La georreferenciación se desarrollará en coordinación con las autoridades comunales y las organizaciones indígenas. El proceso permitirá preservar la identidad cultural de los pueblos asháninkas y nomatsigengas, así como generar mejores condiciones para el desarrollo de las nuevas generaciones.
Con estas inversiones, Devida impulsa territorios seguros, sostenibles y con mayor presencia del Estado, como una barrera de protección para las familias indígenas del Vraem frente al avance de economías ilícitas.
