El Gobierno Regional de Huánuco expresa su rechazo a la aprobación de la Ley n.° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre n.° 29763, considerándola lesiva para los intereses de los pueblos amazónicos. En respuesta, organizó una movilización bajo el lema ¡No a la Ley AntiForestal!
“Esta norma fue aprobada por insistencia, sin un debido debate, con una premura injustificada y con ausencia de principales actores como los gobiernos regionales, sin haber practicado la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan las zonas de repercusión de la norma como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Perú oportunamente”, se lee en su pronunciamiento.
Reitera su rechazo porque considera que la modificatoria de los artículos 29° y 33° de la Ley forestal y de Fauna Silvestre, es un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación, pues, beneficia las economías ilegales y pone en peligro la supervivencia de los bosques naturales, facilita la invasión y posesión desordenada en estos bosques, promueve el incremento del tráfico de tierras forestales y con ella la degradación y perdida de los recursos forestales y de fauna silvestre, aspecto totalmente contrario a las tendencias internacionales que reconocen el valor de los bosques como proveedores de bienes y servicios eco sistémicos y para hacer frente al cambio climático.
“Es necesario avanzar en propuestas que fortalezcan la protección de nuestro patrimonio forestal y no asumir posiciones facilistas que perpetuarán la deforestación y degradación de nuestros suelos”, indica.
En ese sentido, el Gobierno Regional de Huánuco reitera su rechazo a la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y propone al Congreso de la República a derogar dicha modificatoria de la Ley e insta a convocar a un concienzudo debate con la participación de representantes de pueblos indígenas, gobiernos regionales, la academia y la sociedad civil.
Finalmente, exhorta al Gobierno a destinar mayor financiamiento y descentralizar los presupuestos hacia los gobiernos regionales y locales para mitigar y contener las causas de la deforestación en la Amazonía.
