AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
El reconocimiento y las cifras del agro peruano —sobre todo del sector exportador— suelen presentarse como trofeos de progreso. Sin embargo, detrás de los números en azul y los productos que se exportan con éxito, se oculta una verdad menos celebrada: el abandono sistemático de quienes cultivan, en silencio, el 70 % de los alimentos que llegan a nuestras mesas.
“La agricultura ha progresado, sí, pero ese avance está concentrado en un sector específico: el agroexportador y agroindustrial”, sostiene el abogado Laureano del Castillo Pinto, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Y lo dice sin rodeos. Para él, lo que hoy se celebra como éxito es también el síntoma de un país dividido en dos campos: el de los que producen para el mundo, y el de los que apenas sobreviven para alimentar a su país.
El Perú ha vivido un crecimiento sostenido en exportaciones agrícolas en las últimas dos décadas. Arándanos, uvas, mangos, espárragos y paltas recorren continentes. Pero en los Andes y en la Amazonía, el rostro del agro es otro: 97 % de las unidades productivas corresponden a agricultura familiar, muchas de ellas en condición de subsistencia, con escaso acceso a tecnología, crédito o asistencia técnica. Algunas, no obstante, logran insertarse en mercados más dinámicos. Pero la mayoría, como señala Del Castillo, permanece a la espera.
“En los últimos 25 años, las políticas públicas han beneficiado claramente al sector agroexportador. Lo demás han sido declaraciones y papeles”, afirma.
Para el Dr. Del Castillo, la respuesta está en una desconexión persistente entre las autoridades y la realidad del campo, una brecha que se ha acentuado en los últimos gobiernos. Los reclamos de los pequeños agricultores —fertilizantes, crédito, asistencia técnica, orientación productiva— siguen siendo los mismos de siempre, pero las respuestas concretas no llegan.
El ejemplo más claro —y vergonzoso, según indica— fue el escándalo de la urea en el gobierno de Pedro Castillo, un profesor de procedencia rural. “Era una oportunidad perfecta para impulsar la agroecología, como un modelo de producción sostenible, pero se optó por importar urea como única solución, y la compra terminó en fracaso”, recuerda.
Para el Dr. Del Castillo, el problema no es nuevo. Ni siquiera la reforma agraria de hace medio siglo corrigió esa exclusión estructural. Las tierras repartidas a las cooperativas, en muchos casos, no llegaron a los pequeños productores. El control de precios impuesto por el gobierno militar terminó por hundir más a quienes ya estaban en desventaja. “El discurso era uno, pero la realidad favoreció a otros”, sentencia.
Y entonces, ¿qué hacer?
La seguridad alimentaria es el punto de partida, dice Del Castillo sin dudar. Mientras el país arrastra tasas altas de desnutrición infantil —y al mismo tiempo, crecen los índices de obesidad—, urge mirar al campo no solo como generador de divisas, sino como garante del derecho básico a una alimentación sana y suficiente.
“El Estado debe incentivar la producción diversificada, ecológica y con valor agregado. Pero eso no lo hará solo el agricultor. Hay que invertir en capacitación, tecnologías, incentivos tributarios y acompañamiento técnico. Las universidades también deben involucrarse”, insiste. Para el director de Cepes, resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, todavía se utilicen arados de madera o la ancestral chaquitaklla como única herramienta de labranza. “Es parte de nuestra historia, sí, pero también un reflejo del abandono”.
Asociatividad
Otro aspecto clave es la asociatividad, que ha sido promovida —según Del Castillo— de manera superficial y sin un modelo adaptado a la realidad rural. “Las cooperativas pequeñas de usuarios funcionan, pero requieren políticas claras, presupuesto y personal que las acompañe. No basta con declararlas en la ley”, advierte. Asimismo, las Empresas Productivas Capitalizadas (EPC) representan, en teoría, una forma moderna de asociatividad surgida tras la reforma agraria y desarrollada a partir de políticas posteriores. Su enfoque es empresarial y busca generar valor agregado en la producción agrícola. Sin embargo, según advierte Del Castillo, estas iniciativas no han logrado prosperar debido a que las propuestas legislativas más recientes se han basado en el modelo de Sociedad Anónima, un esquema poco adecuado para la realidad del campo.
“En ese modelo se requiere aportar capital para conformar la sociedad. Pero si el agricultor no tiene dinero, debe ofrecer su tierra como aporte a cambio de acciones o constancias de capitalización. Y la verdad es que ningún agricultor va a poner en riesgo su terreno si no tiene garantías de que la empresa funcionará”, explica.
Para el especialista, es urgente diseñar un modelo asociativo adaptado a la idiosincrasia rural peruana, que priorice la seguridad y confianza del productor. Mientras tanto, sostiene que el camino más viable sigue siendo el modelo cooperativo, por su estructura más simple, accesible y cercana a la lógica comunitaria del campo.
En medio de este panorama, hay experiencias que permiten imaginar otro rumbo. Cepes, por ejemplo, impulsó hace años un sistema de crédito asociativo basado en la confianza comunitaria. “Agrupábamos a productores que se conocían entre ellos, para gestionar créditos solidarios, y juntos asumían el riesgo del crédito”, relata. Pero el Fenómeno “El Niño” cortó el impulso, la banca se replegó y el vínculo con el campo volvió a romperse.
Mientras la agroexportación muestra éxitos en los mercados internacionales, el agro familiar sigue esperando políticas reales, no discursos vacíos. Porque el verdadero desarrollo no se mide solo en cifras de exportación, sino en la dignidad de quienes hacen posible que el país se alimente cada día. Como bien advierte el Dr. Laureano del Castillo, sin agricultura familiar no hay seguridad alimentaria, ni futuro sostenible ni la laureada gastronomía que emerge en el mundo.
