AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
El Tribunal Constitucional ordenó suspender temporalmente los productos que contienen clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina, destinados a cultivos para consumo interno. La medida plantea un nuevo desafío para el país: reforzar el control de los agroquímicos sin prescindir de herramientas necesarias para proteger la producción agrícola.
Frente a este escenario, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) plantea incorporar mayor asistencia profesional en las decisiones que se toman directamente en el campo.
El planteamiento fue desarrollado por el ingeniero agrónomo del CIP Lima, Miguel Iglesias Inciso, quien propuso que la venta de agroquímicos esté supeditada a una receta emitida por un ingeniero agrónomo que haya evaluado previamente el problema. Esto permitiría conocer qué productos se utilizaron anteriormente y, con esa información, diseñar una estrategia de control adecuada.
Cambiar de marca no siempre resuelve el problema
Uno de los principales desafíos es la resistencia de las plagas. Iglesias explicó que el uso repetido de productos con un mismo mecanismo de acción favorece la supervivencia y reproducción de individuos resistentes, reduciendo progresivamente la eficacia del tratamiento.
Por ello, cambiar de marca no siempre resuelve el problema, ya que diferentes productos pueden tener el mismo mecanismo de acción. El especialista recomendó revisar las etiquetas y alternar productos con mecanismos de acción diferentes.
Sin embargo, aclaró que una menor eficacia no siempre significa que una plaga haya desarrollado resistencia. También puede deberse a errores de aplicación, una calidad inadecuada del agua utilizada en la mezcla, condiciones de viento, una cobertura insuficiente del cultivo o una aplicación realizada cuando la plaga no se encuentra en una etapa vulnerable al producto.
Aumentar las dosis puede elevar costos y exposición
El ingeniero del CIP Lima advirtió sobre las consecuencias de incrementar repetidamente las dosis ante una pérdida de efectividad. Esta práctica puede elevar los costos y la exposición de los agricultores a los agroquímicos. Asimismo, sostuvo que puede generar mayores riesgos para el consumidor debido a una eventual presencia de residuos de plaguicidas y también incrementar los costos de producción.
Iglesias remarcó que su planteamiento no busca eliminar los agroquímicos. Por el contrario, los considera herramientas necesarias para el control fitosanitario, pero sostiene que deben utilizarse de manera técnica, responsable y de acuerdo con las necesidades de cada cultivo.
Prevenir antes de que aparezca el problema
Para reducir la dependencia de respuestas reactivas, el ingeniero Iglesias planteó anticiparse a las posibles plagas desde la planificación de la campaña agrícola. Esto implica considerar las condiciones ambientales, el cultivo y su variedad, así como los problemas fitosanitarios presentes en campos cercanos.
Con esta información, señaló, se pueden diseñar estrategias que no dependan exclusivamente de productos químicos e incorporen barreras físicas, control etológico y prácticas de manejo del cultivo.
“Siempre es más barato prevenir que curar”, afirmó.
Este enfoque coincide con uno de los aspectos establecidos por el fallo del Tribunal Constitucional, que dispone implementar programas de acompañamiento técnico a los agricultores para promover prácticas de manejo de plagas compatibles con la inocuidad alimentaria y alternativas de control fitosanitario menos riesgosas.
