AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Escribe: Dr. Javier Carrasco Aguilar, maestro en Gestión de Políticas Públicas, exjefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y exjefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura
Mediante el Decreto Supremo Nº 013-2024-Midagri, fechado el 4 de septiembre de 2024, se establece que una de las razones para esta decisión es la existencia de denuncias no solo por presuntos actos de corrupción, sino también por la necesidad de mejorar la ejecución de las inversiones planificadas, la calidad de la infraestructura y las deficiencias observadas en los órganos desconcentrados.
El decreto argumenta que se han evidenciado debilidades a nivel organizacional, de gestión y ejecución dentro de la ANA, lo que impacta en el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Agraria. También se menciona el rol rector de la ANA como autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, así como en los procesos de atención, pedidos de opinión y procedimientos administrativos que afectan directamente las inversiones y actividades de otros organismos públicos y privados.
Es lamentable porque los miembros de la “Comisión Reorganizadora” son los mismos órganos del sector que pudieron evitar que la ANA llegara a este extremo. Actuaron con indiferencia ante las diversas denuncias que se hicieron llegar oportunamente, desde el Sindicato de Trabajadores hasta las propias Organizaciones de Usuarios.
Estos órganos, a través de sus funcionarios en ese entonces, consintieron que se desnaturalizara la condición de la ANA como organismo técnico especializado y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, aceptando también ser un organismo público ejecutor.
Se presume, entonces, que el informe final se inclina mucho más hacia el “descuartizamiento” de la Autoridad Nacional del Agua, antes considerada máxima autoridad técnico-normativa del sistema mencionado. Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estos están sujetos a supervisión y fiscalización del sector para verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esto evidencia que, debido a la irresponsabilidad, ineptitud e incapacidad de funcionarios del sector —o por conspiración concertada— se ha logrado el colapso de un importante organismo técnico especializado en la gestión de los recursos hídricos.
Esto significa que la ineptitud e incapacidad en la gestión gubernamental muestra su fracaso al retroceder logros y avances obtenidos en la primera década del siglo XXI.
