AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de un comunicado, expresa su rechazo a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Además, insta urgentemente al Congreso de la República a derogar la Ley 31973, solicitando una evaluación profunda de los problemas fundamentales que afectan al sector forestal y de fauna silvestre. El objetivo es poner en valor los bienes y servicios del bosque en beneficio de la sociedad peruana.
El comunicado expresa una profunda preocupación por las disposiciones complementarias transitorias de la norma modificada, las cuales flexibilizan y debilitan la obligatoriedad en relación con la conclusión del proceso de ordenamiento y zonificación forestal. Este proceso es un requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes distintos a las concesiones forestales maderables. La Facultad señala que estas nuevas disposiciones no garantizan un control adecuado en la asignación de, por ejemplo, cesiones en uso para sistemas agroforestales. Esto podría resultar en una «microtitulación» de tierras con cobertura boscosa, contribuyendo a la degradación de los bosques bajo diversas presiones sociales y políticas.
Asimismo, la Facultad considera una grave omisión en la normativa el no haber especificado claramente que, en el caso de comunidades campesinas y nativas, reservas territoriales, pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial que inicien procesos para su reconocimiento en el futuro, se llevará a cabo el redimensionamiento de los títulos habilitantes previamente otorgados.
En relación con la modificación de los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Facultad expresa su preocupación, ya que esto debilita la función del Ministerio del Ambiente como la autoridad técnica competente encargada del proceso de zonificación ecológica económica a nivel nacional.
Además, se rechaza lo estipulado en la disposición complementaria final única debido a la falta de presencia estatal en las regiones más remotas del país. Esto genera la preocupación de una supervisión inadecuada de la verdadera situación en el uso y capacidad de las tierras amazónicas. Existe un alto riesgo de que tierras con aptitud forestal y/o bajo protección estatal puedan ser fraudulentamente reclamadas como tierras agropecuarias, lo que podría resultar en la legalización de la posesión de tierras forestales y/o de protección previamente deforestadas de manera ilegal, afectando negativamente los ecosistemas tropicales.
