AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Distrital de Inclán, en la región Tacna, no realizó las gestiones ni coordinaciones necesarias para culminar los trabajos de limpieza y descolmatación del río Sama, situación que pone en riesgo terrenos de cultivo, canales de riego, bocatomas y viviendas ante un posible incremento de las lluvias asociado al fenómeno El Niño 2026-2027.
En el Informe de Visita de Control n.° 032-2026-OCI/0472-SVC, correspondiente al periodo de evaluación del 6 al 13 de octubre de 2026, se identificaron sectores vulnerables donde no se concretaron las medidas preventivas programadas en puntos críticos del cauce y estructuras hidráulicas. Esta situación se habría producido por la falta de coordinación interinstitucional y los retrasos administrativos, pese a que se encontraba vigente el decreto que declaró el estado de emergencia.
Tras inspeccionar 14 puntos críticos y dos bocatomas del río, se constató que el tramo comprendido entre el puente Tomasiri y la bocatoma Los Giles, de aproximadamente dos kilómetros de longitud, no cuenta con trabajos de limpieza ni descolmatación. Asimismo, se identificó que la bocatoma La Tranca presenta compuertas en mal estado y acumulación de sedimentos, sin que se haya ejecutado el reforzamiento estructural previsto en los instrumentos de gestión del riesgo de desastres.
El informe también advierte que no se había iniciado la ejecución física del “Plan de Intervención Preventiva en Sectores Críticos del Río Sama 2026”, pese a que fue aprobado el 30 de abril de 2026, con un presupuesto de S/64 750 y un plazo de ejecución de 30 días calendario.
Se identificó que la Municipalidad Distrital de Inclán únicamente había concretado la adquisición de combustible, mientras que las contrataciones de maquinaria pesada —como cargador frontal, retroexcavadora y volquetes— y del personal técnico necesario para ejecutar los trabajos permanecían pendientes.
Estas situaciones podrían comprometer la capacidad de respuesta de la entidad ante posibles desbordes del río Sama y poner en riesgo la infraestructura hidráulica, las actividades agrícolas y la seguridad de la población asentada en las zonas vulnerables.
