AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
San Martín. La Contraloría General de la República detectó que servidores del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) autorizaron y pagaron servicios contratados para la reformulación del expediente técnico de la defensa ribereña del río Tónchima, en el distrito de Yorongos, pese a que estos no se ejecutaron o presentaron deficiencias técnicas. Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico de S/ 74 000 al Estado.
La obra “Creación de la defensa ribereña en la localidad de Yorongos, margen izquierda del río Tónchima (progresiva km 6+800 – 7+300)”, ejecutada por el PEAM con una inversión de S/13 millones, tuvo como objetivo proteger las márgenes del río y prevenir inundaciones en la carretera Rioja–Yorongos y en viviendas cercanas.
El Informe de Control Específico n.° 004-2025-2-3411-SCE, evaluó contrataciones realizadas entre los años 2020 y 2021 vinculadas a estudios y diseño de obras de protección fluvial, se advirtió que el PEAM contrató y pagó un servicio de dibujo asistido por computadora (cadista) cuando aún no era posible su ejecución, ya que no se habían actualizado los estudios básicos. Aun así, se otorgó la conformidad del servicio sin la presentación de los planos requeridos para la reformulación del expediente técnico.
Asimismo, se evidenció que se pagó S/24 000 por un estudio hidrológico e hidráulico elaborado con información inconsistente y sin sustento técnico, errores en el cálculo de precipitaciones y deficiencias en el procedimiento de análisis del caudal del río. Pese a estos vacíos, el estudio fue aprobado y utilizado como base para servicios posteriores, contraviniendo lo dispuesto en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.
También se verificó la contratación del servicio de metrados, presupuestos y fórmulas polinómicas por S/12 000 cuando aún no existían los estudios, diseños y planos necesarios. La Contraloría comprobó que parte del producto no fue incorporado al expediente técnico reformulado, por lo que su ejecución no cumplió la finalidad del proyecto.
Finalmente, se constató que el servicio de actualización e incorporación de espigones, valorizado en S/35 000, fue desarrollado sobre la base de un estudio hidrológico deficiente. El entregable presentó errores en el cálculo del ancho estable, altura, longitud y separación entre espigones que debían proteger los tramos más vulnerables del río, lo que derivó en el colapso posterior de la defensa ribereña y la afectación de la carretera Rioja–Yorongos.
Estos hechos, que incluyen el pago de servicios no ejecutados y con deficiencias técnicas, ocasionaron un perjuicio económico de S/74 000 al Estado, además de contribuir al deterioro parcial de las estructuras. El servicio de control posterior identificó presunta responsabilidad penal en cuatro funcionarios públicos.
La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes contra los servidores involucrados, a fin de que se determinen las responsabilidades que correspondan y se cautelen los recursos públicos.
