Mediante la Ordenanza Regional n.° 000015-2025-GRP/Puno, el Gobierno Regional de Puno declara la situación de emergencia ambiental por la presencia de minería ilegal e informal, para su control, supervisión y fiscalización en la región, con mayor incidencia en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar.
La declaratoria se aplicará en todas las provincias y distritos de la región, con énfasis en las zonas altamente impactadas por contaminación minera.
La ordenanza tiene como objetivos: a) activar mecanismos inmediatos de atención y control ambiental; b) priorizar la remediación de áreas impactadas; c) proteger la salud de la población expuesta; y d) fomentar la acción intergubernamental frente a la minería ilegal e informal.

El informe oficial evidencia la alarmante degradación ambiental causada por la minería ilegal, informal y otras operaciones extractivas ilícitas. Por ello, se considera urgente y excepcional declarar la emergencia ambiental en Puno para mitigar los impactos sobre el ambiente, la salud pública, los ecosistemas y los medios de vida de la población afectada.
El Gobierno Regional gestionará ante el Poder Ejecutivo, ministerios y organismos internacionales el apoyo técnico, financiero y logístico necesario, dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Las acciones derivadas de esta ordenanza se financiarán con el presupuesto institucional del Gobierno Regional de Puno, sin perjuicio de los recursos que puedan gestionarse ante el Gobierno Nacional y la cooperación internacional.
