El Gobierno promulgó hoy la Ley N°31368, Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria, con el objetivo de incrementar la productividad y competitividad del productor agropecuario, así como impulsar el desarrollo rural.
Además, se indica crear el Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Extensión Agropecuaria (RNPSEA) cuya administración e implementación progresiva está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); el registro debe contener la experiencia y datos generales del proveedor y otra información que señale el reglamento de la ley.
Los objetivos del servicio de extensión agropecuaria son:
a) Fortalecer y ampliar la cobertura del servicio de extensión agropecuaria en atención a las necesidades y demandas de los productores agrarios.
b) Incrementar y fortalecer la productividad y competitividad del sector agropecuario.
c) Promover el uso de tecnologías sostenibles en la actividad agropecuaria.
d) Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), que participan en la prestación del servicio de extensión agropecuaria.
e) Promover la transferencia tecnológica y la asistencia técnica a nivel nacional.
La extensión agropecuaria es un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; implica un proceso educativo, sistemático y de interacción y acompañamiento con los productores agropecuarios; permite atender demandas integrales que incluyen la capacitación y asistencia técnica, con el fin de facilitar la adopción, aplicación de tecnologías y conocimientos que mejoren los procesos de producción de las unidades agropecuarias, agroforestales, incorporando innovaciones del tipo tecnológico, organizacional, empresarial y ambiental, considerando el entorno sociocultural de los productores agropecuarios y potencialidad del suelo y la disponibilidad hídrica.
El INIA es el responsable del desarrollo normativo y supervisión de la extensión agropecuaria y el otorgamiento de la acreditación respectiva. En tanto, la competencia para promover la extensión agraria es una función compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, los cuales deben articular y armonizar iniciativas y acciones con los gobiernos locales.
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