AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Escribe: Ing. Ana Luisa Mendoza Vela, Máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Eurotec Empresas-España
Los ministerios tienen la obligación de informar
Una de las primeras brechas que debemos acortar y cerrar es en la educación, pues el 23.5 % de la población rural femenina es analfabeta, cuyas tasas más altas se registran en Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco y Junín, que han afrontado dificultades para acceder a la educación. Se estima que esta población llega a los 3 millones 460 mil mujeres rurales (Fuente: INEI Censo 2017).
Una de cada cinco adolescentes
Según el INEI, 1 de cada cinco adolescentes en los Andes y 1 de cada 3 en la Amazonía se convierten en madres o están embarazadas, lo cual indica que desde la niñez, la mujer rural está limitada a desarrollar a futuro en diversos campos. A esto se suma, el pensamiento machista de los padres, que encargan a sus hijas, tareas como el cuidado de los hermanos menores, realizar las tareas del hogar o el pastoreo de los animales, obstaculizando su superación en otros diversos campos, incluyendo los estudios para alcanzar el nivel profesional.
Por lo mismo, en el reglamento de esta norma se debe considerar políticas públicas sobre educación rural, de modo que el Ministerio de Educación promueva la asistencia real de las niñas a la escuela y establezca becas, premios e incentivos para las familias que cumplan con ese deber. Además, en el currículo educativo se debe establecer consejería y educación sexual con el fin de evitar embarazos de adolescentes.
Las madres jóvenes y abandonadas
El Ministerio de la Producción debe fomentar una política pública exclusiva para las madres rurales adolescentes de 15 a 20 años de edad, las mismas que abandonadas por sus parejas toman sobre sus hombros la tarea de sacar adelante a su familia. Se debería pensar en establecer un programa que promueva el empoderamiento y emprendimiento, que incluya capacitación, gestión de negocios y/o servicios, de acuerdo a las habilidades y capacidades de la mujer rural. Y para las adultas se debe diseñar programas que promuevan la asociatividad y emprendimientos familiares o comunales, en torno a sus actividades. Para ejemplos a seguir, existen buenas experiencias de organizaciones de mujeres que conducen negocios exitosos de chocolatería, artesanías, panadería, confecciones, turismo rural, etc.
Y para quienes tienen vocación agraria, es decir, hacer producir la tierra, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) debería crear un programa de rápido acceso a la propiedad de la tierra.
La titularidad de la tierra
Actualmente las personas que integran una asociación de productores agrarios, cooperativas y/ o junta de usuarios, en su mayoría son varones porque tienen la titularidad de la tierra. Así los varones se convierten en socios de organizaciones de productores, más no la esposa o conviviente. Solo si ella tiene la titularidad de la tierra se convierte en socia. Ergo, son pocas las mujeres que constituyen las organizaciones agrarias y, por lo tanto, las que acceden a puestos directivos y a los beneficios que puedan contemplar la ley que comentamos y otras con el mismo propósito. Entonces el Midagri debe precisar en sus políticas que este beneficio también es para la esposa, cónyuge o conviviente del hombre que tiene la titularidad de la tierra. Todos sabemos que uno de los requisitos que exige el Midagri en la aplicación de sus políticas agrarias, es el de “presentar su certificado de posesión de su tierra, finca o parcela”.
El Midagri debe cantar el mismo coro
Consecuentemente, cuando en esta ley dice que se ponen en marcha programas de proyectos productivos, asistencia técnica y tecnologías agrarias para las mujeres rurales, si el Midagri no hace la misma precisión, el resultado será un beneficio de un número escaso de mujeres. Asimismo, en la nueva ley de cooperativas y todo organismo gremial agrario debe considerarse la cuota de género o de la paridad, para que ellas también tengan la oportunidad de convertirse en dirigentes y lideresas.
Hacemos un llamado a la Autoridad Nacional del Agua, al PSI y al Ministerio de Vivienda, instituciones que además de asegurar el agua para los cultivos agrarios y la actividad minera, deben priorizar el acceso el agua para el consumo rural. Esto evitará que las mujeres rurales personalmente o con acémilas dediquen gran parte de su tiempo a cargar agua suficiente para la subsistencia de su familia., tiempo que pueden dedicar a otras prioridades en su familia, entre ellas estudiar.
Se necesita una confluencia de gobernanza multisectorial, capaces de presentar una política integral para la mujer rural, basado en un intenso programa de educación para niñas y adolescentes; que incluya programas de capacitación y entrenamiento para las mujeres rurales adultas, con la finalidad de que éstas sean capaces de gerenciar sus emprendimientos.
Si no fuera así la ley en referencia difícilmente beneficiará a las mujeres rurales y aquéllas seguirán siendo iguales o más vulnerables. Debemos tener presente que empoderar es generar capacidades y habilidades para afrontar con seguridad las adversidades; el Estado, con políticas públicas adecuadas, puede ser equitativo con las mujeres rurales, con el propósito que éstas sean capaces de cambiar la pobreza por el crecimiento y el desarrollo.
