AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Entrevista: Raúl Vela
Las intensas lluvias en el centro y norte del país, especialmente en los departamentos de Piura, Lambayeque y Tumbes, han generado daños y pérdidas por unos 13.000 millones de soles, debido a que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada después del Fenómeno “El Niño” de 2017, no ejecutó las obras necesarias para prevenir o minimizar esta situación. Frente a esta situación, el gobierno de la Dra. Dina Boluarte Zegarra, ha propuesto la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI). Este nuevo organismo tendrá como objetivo la ejecución de obras de envergadura, especialmente en la prevención de desastres naturales, como sistemas de alerta temprana, drenaje pluvial, protección de cuencas y quebradas, entre otros. Para conocer la opinión de la Contraloría de la República sobre estos temas conversamos con el contralor general, Dr. Nelson Shack Yalta. Leamos.
Solo un 83 % de avance en cinco años
– El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura en reemplazo de la ARCC. Desde la Contraloría General de la República, ¿qué opinión tienen respecto a la creación de esta entidad?
– Luego de seis años del Fenómeno “El Niño costero” del 2017 y no haber logrado reconstruir íntegramente la infraestructura dañada, cuyo avance actual es de 83 %; ni haber logrado construir las obras para la gestión de 17 ríos, cinco quebradas y siete drenes, con el fin de evitar nuevas inundaciones, estaba claro de que algo no funcionaba bien. Si a ello se suma la existencia de 1.874 obras públicas paralizadas a diciembre del año pasado por más de 21.000 millones de soles y a las obras inconclusas en las que falta invertir 10.000 millones de soles para terminarlas, esta situación nos confirma que el Estado no ha venido gestionando bien las inversiones públicas.
– ¿Cuánto se ha dejado de invertir en infraestructura pública debido a la ineficiencia estatal, contralor?
– Por ejemplo, el año pasado se dejó de gastar más de 18.000 millones de soles en inversiones en todo el país, a pesar de la enorme brecha de infraestructura pública que tenemos.
Ministerio de Infraestructura en vez de ANI
– ¿La creación de la ANI cambiaría esta realidad y haría que el Estado sea más eficiente?
– Si seguimos con el actual método de generación de infraestructura pública, no se va a cerrar la brecha social existente en este rubro y, por el contrario, se ahondará en perjuicio de todos los peruanos, especialmente de los más vulnerables. Por eso necesitamos de una nueva gobernanza en la gestión de infraestructura pública en el país, que permita la creación de un nuevo ministerio con poder de decisión, que tenga un asiento en el consejo de ministros con capacidad de generar normas, que articule y centralice el planeamiento de cómo queremos que sea una infraestructura.
– ¿Entonces necesitamos de un ministerio y no de una entidad de menor rango?
– Necesitamos un ejecutor que adopte decisiones al más alto nivel y que concentre las competencias en diversas y amplias materias que permitan resolver problemas operacionales tan concretos como la calidad de los estudios y expedientes técnicos, la tramitación de permisos y licencias, el saneamiento físico y legal de los terrenos, la gestión de interferencias, el planeamiento territorial, la ejecución de las obras en los tres niveles de gobierno, entre otros aspectos.
– ¿Crear un ministerio no generaría más burocracia y por ende hacer más lento la aprobación de estudios y expedientes técnicos?
– No. Todo lo contrario. Sería administrar con mayor eficacia, integrando las competencias hoy dispersas en diversos ministerios, entidades y programas. Para ello el nuevo ministerio debe contar con personas idóneas, técnicamente calificadas y que operen con reglas especiales para ejecutar los proyectos medianos, grandes y las megaobras. Centralizando en una sola organización todas las competencias técnicas y legales que prevengan los errores y horrores en la administración pública, en la gestión de los recursos, y que reactiven y concreten lo que durante años y bajo el actual modelo no ha funcionado en desmedro de todo el país.
Sanción ejemplar a los responsables
– ¿Qué garantizará el trabajo efectivo y sin actos de corrupción de la nueva entidad creada por el Gobierno?
– Como lo he señalado, sugerimos una nueva solución con la concentración de agencias y competencias en un ministerio de infraestructura. Pero a la par se requiere sancionar a los responsables de la inacción ante la emergencia que hoy observamos todos en los tres niveles de gobierno, no solo de las irregularidades identificadas por la Contraloría, sino también de quienes no adoptaron las medidas correctivas o hicieron caso omiso a las alertas generadas por los equipos de auditores como resultado del control simultáneo. Si se castiga ejemplarmente a quienes cometen actos de corrupción será una forma de advertir a los funcionarios y servidores de cualquier nueva entidad que la corrupción e inconducta funcional no quedará impune.
Pérdidas económicas por corrupción
– La ARCC tuvo un mal manejo del dinero público en obras que no funcionaron correctamente, por el cual 845 funcionarios de los tres niveles de gobierno tendrían responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿Qué candados deberían considerarse para una mejor fiscalización de uso del dinero del Estado y la ejecución de las obras en la nueva entidad para no repetir los errores de la ARCC?
– Cuando se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el 2017, se tenía un plan que comprendía 12.000 intervenciones en cuatro componentes: reconstrucción (reposición de la infraestructura afectada); construcción (prevención a través del manejo integral de cuencas, quebradas y drenajes); soluciones de vivienda (implementación de módulos temporales de vivienda y construcción de viviendas sociales); y fortalecimiento institucional para apoyar a la ejecución del plan en el país. Durante los tres primeros años pudimos ver que los responsables de su ejecución, en los tres niveles de gobierno, es decir, la ARCC, diversos ministerios y sus respectivos programas; gobiernos regionales y locales, solo ejecutaron y con deficiencias expuestas por la Contraloría y la sociedad civil, el 21 % de los 25.000 millones de soles destinados para 13 regiones. Luego de varios cambios y a seis años del penúltimo Fenómeno de “El Niño”, se registró una ejecución del 83 % del plan inicial de inversión de 25.000 millones de soles, realizando incluso transferencias financieras por más de 27.000 millones de soles. Aun así, el Estado no pudo concluir el proceso de la reconstrucción con cambios. El grave retraso en la ejecución de las obras e inversiones públicas fue detectado y alertado oportunamente por la Contraloría. Por ello, como bien lo señala usted, se determinó responsabilidad administrativa, civil y penal en 845 funcionarios, que en la actualidad están en proceso de sanción y denunciados ante las instancias judiciales, cuyo accionar generó un perjuicio económico al Estado por 118 millones de soles.
– ¿Cuántas situaciones adversas detectó el control simultáneo de la CGR en la ARCC?
– El control simultáneo desplegado a distintas intervenciones con cargo a la Reconstrucción con Cambios reveló oportunamente casi 13.000 situaciones adversas para que sean corregidas a tiempo por los gestores públicos a tiempo, y evitar precisamente mayores perjuicios y la ineficacia que hoy vemos, sin embargo, en el 62 % de estas, los responsables no adoptaron las acciones correctivas. Esto revela la indiferencia de algunos malos gestores públicos por hacer las cosas bien, a pesar de que tienen a la mano las alertas que les trasladan los equipos de auditores.
– Y, ¿cuál sería la solución, Dr. Shack?
– Insisto. Ante este panorama necesitamos la solución pasa por la concentración de agencias y competencias en un ministerio de infraestructura, pero a la par sancionar a los responsables, no solo de las irregularidades identificadas por la Contraloría, sino también de quienes no adoptaron las medidas correctivas o hicieron caso omiso a las alertas generadas por la Contraloría.
– La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional considerará socializar el proyecto de creación de la ANI, con el fin de recabar información valiosa del sector privado, la academia y la sociedad civil en su conjunto para asegurar su éxito. La propuesta es buena, ¿pero más que eso no sería mejor establecer medidas más severas para que las autoridades que incumplan con lo establecido sean castigadas ejemplarmente con todo el peso de la ley?
– Como es de conocimiento, el control a la Reconstrucción con Cambios identificó 845 funcionarios de todo el país y de los tres niveles de gobierno, con 1.982 responsabilidades penal (715), civil (206) y administrativas (1.061). Estoy seguro de que ninguno de estos malos funcionarios ha sido aún sancionado, lo que evidenciaría nuevamente la incapacidad para sancionar a los responsables. Es necesario remarcar que sin sanción eficaz y oportuna no hay resultados en la lucha contra la corrupción. Acabar con la impunidad debe ser una tarea prioritaria.
– Finalmente, ¿el país cuánto perdió por la inconducta funcional de algunos funcionarios y autoridades en el 2022?
– La pérdida por corrupción e inconducta funcional en el 2022 en el rubro de inversiones públicas fue de casi 7.000.400 millones de soles, es decir, perdimos 16 de cada 100 soles que gastamos en inversiones. Por esa razón es más que evidente que necesitamos tomar medidas profundas y radicales para mejorar sustancialmente la calidad y cobertura de la inversión pública.
