AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) continúa avanzando con la formalización de la propiedad rural. En el primer trimestre de 2025, producto del trabajo conjunto con los gobiernos regionales de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Puno y San Martín, inscribió ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) un total de 2572 títulos de propiedad rural individual, así como de comunidades nativas y campesinas.
Este trabajo se ejecuta en el marco del convenio suscrito en 2022 entre el Midagri y 10 gobiernos regionales del ámbito de intervención del Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa” (PTRT3), a cargo de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS).
Del total de títulos inscritos en el primer trimestre de 2025, el 99,5 % (2562) corresponde a títulos rurales individuales que benefician a pequeños productores de la agricultura familiar de las regiones Puno, Cusco, Amazonas y Huánuco. De ellos, Puno y Cusco concentran el 89,9 % del total de títulos inscritos ante Sunarp.
El 0,5 % restante (12 títulos) corresponde a títulos comunales que reconocen los derechos de comunidades campesinas de Cusco y Huánuco, y de comunidades nativas de Amazonas, Loreto y San Martín. De este total, Loreto concentra el 58,3 % de los títulos de comunidades nativas inscritos.
Ejecución 2019–2025
La Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), a través de la ejecución del PTRT3, ha logrado inscribir 93 066 títulos de propiedad rural y de comunidades nativas y campesinas desde 2019 hasta marzo de 2025, en beneficio de pobladores y comuneros de 10 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, San Martín y Ucayali.
Cabe mencionar que el PTRT3 proporciona a los gobiernos regionales recursos humanos, bienes y servicios, capacitación y asistencia técnica, para facilitar la titulación de predios rurales en beneficio de pequeños productores, quienes ahora cuentan con seguridad jurídica para ejercer su derecho a gestionar su territorio y sus recursos.
