El reciente anuncio informal de la presidenta Boluarte y el Ministro de Economía Salardi, antes que se discuta en el Consejo de Ministros, sobre la extinción de 14 programas totalmente diferentes y heterogéneos para que forman parte de la cuestionada e incierta ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura), medida “vendida” como un “paso y reforma histórica” hacia la modernización del aparato público y el cierre de brechas, no solo generará más ineficiencia, sino ineficacia, más corrupción, y miles de trabajadores despedidos, sin justificación clara.
¿Qué es la ANIN hoy? Organismo público adscrito a la PCM, encargada de formular, ejecutar y mantener programas y proyectos de inversión, igual o mayores de 200 millones de soles que cierren brecha de infraestructura nacional y entre 40-200 millones de soles de proyectos de acción en contextos de emergencia por desastres naturales.
Con un presupuesto total de cerca de 3150 millones de soles, hoy la ANIN es un “cajón de sastre” ya que se encarga de: “mejoramiento, recuperación y ampliación de servicios de salud, reconstrucción y mejora de locales educativos, protección ante inundaciones y desbordes, recuperación de ecosistemas degradados, y hasta mejoramiento y ampliación de sistemas de alerta temprana”.
¿Dónde queda el criterio de especialidad? ¿Tiene el mismo enfoque y dinámica una inversión para prevenir riesgos de desastres que reconstruir un local educativo? Hoy la ANIN es “especialista en todo y en nada”.
Su incompetencia quedó demostrada en los últimos desbordes por lluvias en el norte peruano (Tumbes, Piura, Lambayeque), donde la ANIN, en vez de priorizar la mitigación de un riesgo inminente actual, priorizó gastos para prevenir riesgos futuros, con la participación del Gobierno Británico. ¿Qué paso? Se desbordó el Río Tumbes, “llevándose” parte de la vía panamericana, y el colapso de la compuerta de la presa del Río La Leche en Lambayeque. El impacto de estos desbordes en pérdidas de activos agrarios (infraestructura destruida, animales perdidos) y cosechas perdidas es muy grande.
Si la opinión pública no lo sabe, el ANIN está liderada por Hernán Yaipén, puesto por el cuestionado ex premier Otárola, pero es muy cercano al nefasto Clan Acuña-APP, le cuesta medio millón de soles al año en su remuneración y beneficios, no tiene las calificaciones requeridas y ha autorizado gasto entre Locadores y Consultorías por 100 millones de soles y en este 2025 ya 40 millones de soles, que sería cerca del triple al final del 2025.
La propuesta de la Presidenta y el Ministro Salardi comprende la “extinción”, sin explicar el proceso y ruta para ello, de 14 programas: Provías Nacional, Provías Descentralizado, Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL, Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC, Programa Subsectorial de Irrigación – PSI, Plan Copesco Nacional – PCN, Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, Programa Nuestras Ciudades – PNC, Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP, según se indicó, para integrar funciones duplicadas (administración, logística y recursos humanos) que limitan la eficiencia de las inversiones públicas, creando una unidad central de inversión pública enfocada en “resultados, articulación territorial y eficiencia”. Esta medida significará un ahorro de S/2,500 millones (junio-diciembre 2025) y de S/4000 millones en los años próximos. La actual ANIN se transformará en una Unidad Central de Inversión Pública.

Inconsistencia normativa
En el anuncio, se indicó que un próximo Decreto Supremo oficializará la medida. Sin embargo, en más de una de las entidades la norma de creación es superior a un D.S (por ejemplo, el Programa PSI se creó por Ley). No queda claro como resolverán este tema de partida, ineludible para continuar con la propuesta gubernamental.
Sobre eficiencia y eficacia. Costos e impactos de la medida propuesta
- El anuncio de la presidenta y el titular del MEF relevan la mayor eficiencia como la máxima deseable, el resultado esperado de la medida. Se olvidan de la eficacia, que tiene que ver con que lo planificado se obtenga de modo concreto en la realidad y los resultados de cambio. Los 14 programas tratan temas que van desde la vivienda y saneamiento rural hasta el mejoramiento vial, pasando por la infraestructura de riego agrícola, la educativa y de la salud, una “Caja de Sastre” más heterogénea que en la actualidad:
o ¿Dónde queda la especialización de cada tipo de inversión pública? Al parecer no ha sido considerada por el Gobierno.
o La inversión pública es sencillamente un brazo final de la orientación que es dada por la política y por la rectoría de los sectores públicos. Nadie mejor que el MINEDU para saber cómo se debe implementar la inversión educativa, como el MINSA, sobre la inversión de salud.
o De implementarse la medida, el ANIN y la sucesiva Unidad Central de Inversión recibirán proyectos mucho menores del actual rango de 40-200-más millones de soles.
o Al parecer, tampoco hay coordinación entre el MEF y la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ente rector en modernización del sector público, porque no aparece para nada el rol de la Rectoría en la medida propuesta. El ministro Salardi indica que los ministerios que dejarán de integrar los programas podrán “realizar sus labores sectoriales con normalidad ¿Cuáles labores sectoriales si a la rectoría que no funciona bien en el territorio, le quitan la inversión pública, que es la que genera cambios concretos? Varios ministerios quedarían como “cascarones improductivos”.
o Lo que se perderá con la implementación de la medida es la Eficacia y Efectividad, afectando los resultados de los planes estratégicos sectoriales, institucionales, dejando “pintado en la pared” las metas del plan de desarrollo nacional al 2050.
o En el caso del Programa PSI, la situación es más preocupante aún. Es el programa que por naturaleza ve los pequeños proyectos de infraestructura e irrigación agrícola, a lo que recientemente se le ha agregado los llamados “Proyectos Emblemáticos”. ¿Qué hace un programa para la pequeña agricultura en la ANIN? No tiene ningún sentido técnico. Según cifras del propio MIDAGRI, se ha beneficiado a más de 500 mil agricultores en los últimos 10 años, promoviendo la productividad, en gran parte gracias a la infraestructura de riego agrícola.
o La supuesta eficiencia, medida en millones de soles este año y los próximos, será bloqueada por los costos de: aprendizaje de una nueva entidad, ingreso de nuevo personal que será en gran parte distinto al actual, y hasta por los procesos judiciales actuales que tienen miles de obras públicas que no se sabe cómo pasarán al ANIN y la Unidad Central de Inversión Pública.
Rechazos iniciales de actores sociales, políticos y técnicos
- ¿Qué lógica tiene debilitar lo que funciona para reforzar lo que falla?, cuestionó la Andrea Jiménez representante de las Juntas de Usuarios de Agua de Lambayeque, quien exigió en el Congreso una auditoría urgente a la ANIN y la suspensión de la medida hasta que se garantice transparencia y efectividad en el uso de los recursos.
- Técnicos, como el economista Guido Pennano cuestionó la medida señalando que “cambiar el nombre de la entidad no cambiará la forma de hacer las cosas, preguntándose cuál es el diseño para la nueva entidad y si esto significará tener un “Zar” de la inversión pública”, donde los zares en el país, en diversos temas, ha significado rotundos fracasos en el pasado.
- Gobiernos regionales como los de Arequipa, Cajamarca y Piura también rechazaron la medida, destacando que sin los programas se paralizarían cientos de proyectos de irrigación vitales para sus comunidades.
- La Asociación de Gobiernos Regionales (ANGR) también ha mostrado su preocupación, advirtiendo que la eliminación de los programas pone en riesgo proyectos de irrigación en ejecución por más de 1,200 millones de soles. En lugar de cerrar programas, el Estado debería fortalecer los que están dando resultados, afirmaron. La eliminación del PSI Su eliminación afectaría directamente a pequeños agricultores y a la economía rural”, señaló María Gutiérrez, vocera de la Confederación Nacional Agraria.
- Se viene organizando movilizaciones en distintas regiones, así como pronunciamientos conjuntos de colegios profesionales, la coordinación nacional de los trabajadores CAS, los gremios agrarios y redes de alcaldes provinciales, exigiendo el mantenimiento de los programas eliminados y una evaluación técnica y descentralizada del rol de la ANIN.
- La Congresista Isabel Cortez, en comunicación enviada al presidente del Consejo de ministros Adrianzén, con rubricas de respaldo de diversos sindicatos, exige la suspensión de cualquier trámite de aprobación del Decreto Supremo.
La lógica de “Cajero” o creer que desde el enfoque de PROINVERSION se puede conducir cambios sostenibles en modernización de la gestión pública es un craso error, para concretar cambios de fondo. Menos hacia una entidad receptora cuestionada como el ANIN, partiendo de su titular, como por su pésimo desempeño en los eventos climáticos del norte.
