Expertos recomiendan acciones clave para contrarrestar los derrames de petróleo en el Perú

El reciente derrame de petróleo originado en la Refinería Talara ha transformado uno de los balnearios más icónicos en un ecosistema afectado, evidenciando una problemática constante en el país. Se estima que, entre 1997 y 2023, Perú registró más de 1400 emergencias de este tipo, con 831 incidentes en la selva, 609 en la costa y 22 en la sierra. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, dado que muchos de estos eventos no se reportan o son de menor escala, lo que dificulta un conteo exacto.

Para Nathaly Vargas, vicerrectora académica de Ciencias de la Salud y Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Científica del Sur, los recientes derrames, sumados al ocurrido en 2022 en La Pampilla, dejan una huella profunda en la historia de la conservación de los ecosistemas, una situación que demanda una respuesta rápida y articulada de las instituciones responsables.

«Es fundamental contar con una respuesta más ágil y efectiva para mitigar estos incidentes, fortaleciendo la conexión entre la magnitud del riesgo y las capacidades de acción. Una gran oportunidad para ello radica en emitir el decreto supremo que aprueba el nuevo Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en el Medio Acuático. Este paso dotará al país de una herramienta moderna y eficiente para afrontar los desafíos actuales con mayor proactividad. Asimismo, es urgente reglamentar la recientemente promulgada Ley Nº 32106 de Declaratoria de Emergencia Ambiental, que permitirá responder oportunamente a las emergencias ambientales», señala.

Este análisis se dio a conocer durante el encuentro científico “Derrame de Hidrocarburos: Soluciones desde la Academia”, organizado por la Universidad Científica del Sur como parte de su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. El evento reunió a más de 30 especialistas de 18 instituciones públicas y privadas, quienes evaluaron los impactos de los derrames de petróleo y las capacidades de las entidades para cuantificarlos, destacando la importancia de la colaboración entre universidades, instituciones privadas y el gobierno para desarrollar soluciones integrales basadas en la investigación científica y en políticas públicas efectivas.

Además, los resultados del encuentro fueron compartidos con el Poder Ejecutivo, representado por Edgar Martín Romero La Puente, viceministro de Gestión Ambiental, junto con propuestas de medidas para prevenir y mitigar los daños causados por estos incidentes.

Por otro lado, Héctor Aponte, investigador y docente de Biología Marina de la institución, resalta que la afectación de los ecosistemas trasciende las consecuencias inmediatas. “Los daños no solo alteran la biodiversidad, sino que también afectan las funciones ecológicas fundamentales, y muchos de estos ambientes marinos y costeros tardan años en alcanzar su estado inicial, en algunos casos sin lograr restablecerse completamente”, agrega.

Durante el encuentro, se propusieron acciones para mejorar la respuesta ante los derrames de petróleo en los ecosistemas continentales y marinos del Perú. Como resultado, se identificaron medidas clave que deben implementarse de manera integral para lograr resultados efectivos:

1. Nuevo Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos (PNC). El documento actual para casos de contaminación por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas necesita una actualización, ya que no contempla un enfoque específico para derrames en tierra ni cuerpos de agua continentales no navegables. La creación de un nuevo plan debe integrar los avances tecnológicos, el desarrollo industrial, la normativa vigente y las lecciones aprendidas, además de incorporar estrategias adaptadas a las particularidades de cada ecosistema para mejorar la efectividad de las respuestas. Si bien en febrero de 2024 se publicó un proyecto de decreto supremo, que aprobaría esta iniciativa, ello aún no se ha concretado.
2. Tipificar el derrame de hidrocarburos como desastre. En Perú, los derrames son considerados emergencias ambientales, lo que limita la respuesta y movilización de recursos, como se evidenció en el derrame de La Pampilla en 2022, que mostró la falta de mecanismos ágiles para activar fondos y coordinar acciones. Aunque la Ley 28804 permite movilizar recursos, su aplicación depende de criterios de gravedad. Reconocerlos como desastres en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) optimizará la intervención.
3. Creación de un fondo de emergencia específico. La normativa peruana no establece un recurso destinado a emergencias ambientales, lo que retrasa las acciones de remediación. Es necesario crear un sistema de acceso inmediato para implementar planes de contingencia y gestiones rápidas. Aunque el Proyecto de Ley 4173/2022-CR propuso la creación de este mecanismo, la ley vigente solo menciona fuentes de financiamiento sin establecer un fondo específico. Este podría financiarse con aportes voluntarios de la industria, impuestos o multas ecológicas.
4. Revisión y fortalecimiento de los estudios de riesgo y planes de contingencia de las empresas operadoras. Estos deben alinearse con las políticas nacionales, acuerdos internacionales y mejores prácticas, incluyendo evaluaciones de riesgo actualizadas, procedimientos claros y una línea base biológica y ambiental completa para respuestas efectivas. Además, se requiere fiscalización estricta, simulacros preoperacionales y reportes públicos de casos elaborados con apoyo académico para mejorar las estrategias.
5. Reforma normativa y coordinación institucional. Es fundamental designar al Ministerio del Ambiente como el coordinador principal y fortalecer la fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mejorando también la coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y los gobiernos locales. Además, la normativa debe exigir que los planes de contingencia incluyan contactos de empresas de soporte, insumos aprobados, kits de control de derrames y la realización de simulacros anuales con la participación del 100% del personal.
6. Fortalecer la supervisión forzada y los sistemas de teledetección. Aumentar la presencia de autoridades en zonas de alto riesgo de derrames permitiría una vigilancia más efectiva. Además, es clave que la Policía Nacional, Dicapi, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa trabajen juntos para identificar y procesar a quienes atentan contra las instalaciones de hidrocarburos.

Asimismo, Vargas destaca que la problemática de los derrames de petróleo es compleja y requiere medidas de contingencia diversas para ser abordada de manera efectiva. “Es esencial promover un diálogo más amplio y soluciones que incluyan no solo al Estado, sino también a actores clave como universidades y ONGs, que pueden fortalecer a las comunidades locales mediante asesorías técnicas, talleres y estudios complementarios para respaldar los monitoreos ambientales, que incrementan la capacidad de vigilancia a largo plazo, generando respuestas sostenibles para proteger los ecosistemas y avanzar en la conservación ambiental”.

Adicionalmente, los expertos indican que, si las empresas de hidrocarburos adoptaran un sistema de monitoreo en tiempo real con sensores y alertas tempranas en zonas críticas, y lo hicieran accesible a las autoridades, se podría detectar rápidamente cualquier anomalía y activar una respuesta inmediata. Un ejemplo de esto es el Real-Time Monitoring (RTM) System del Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) de EE. UU., implementado tras el desastre de Deepwater Horizon.

Los investigadores del trabajo publicado en la revista South Sustainability coinciden en que “avances recientes en deep learning y computer vision ofrecen alternativas prometedoras para optimizar la precisión y rapidez en la detección de derrames de petróleo. Por ello, ampliar la investigación sobre la aplicación de tecnologías emergentes en el estudio de estos desastres sería clave para generar evidencia que respalde una toma de decisiones informada. Además, desde la academia se podría implementar el monitoreo por teledetección satelital en las zonas de riesgo y sumar esfuerzos en una tarea que afecta a todos los peruanos”.