AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Por: Rodolfo Ardiles Villamonte
La minería aurífera, tanto legal como ilegal, continúa devastando la Amazonía peruana: solo entre 2021 y 2024 provocó la pérdida de más de 30.000 hectáreas de bosques. Los impactos trascienden la deforestación: asesinatos de defensores del medio ambiente, contaminación con mercurio, afectación a comunidades indígenas, pérdida de biodiversidad y debilitamiento de los servicios ecosistémicos.
Expertos como la Blga. Carmen García Dávila, presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y Mag. Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería de la Universidad del Pacífico, advierten que el Estado mantiene una presencia insuficiente y fragmentada, mientras mecanismos como el Reinfo prolongan la informalidad. Frente a este panorama, urgen leyes claras, alternativas económicas sostenibles y una política integral que proteja la Amazonía, clave en la lucha contra el cambio climático.
La minería aurífera —tanto legal como ilegal— continúa siendo una de las principales responsables de deforestación y contaminación en la Amazonía peruana. Entre 2021 y 2024, el país perdió 30.846 hectáreas de bosques a causa de esta actividad, una superficie equivalente a 43.000 campos de fútbol profesional.
De acuerdo con la asociación independiente Amazon Mining Watch (AMW), el 74 % de la deforestación se concentró en el denominado Corredor Minero, un territorio de medio millón de hectáreas donde el Estado permite la explotación artesanal y de pequeña escala. El 26 % restante corresponde a minería ilegal en zonas donde está prohibida: áreas naturales protegidas, territorios indígenas, cuerpos de agua y zonas de amortiguamiento.
La huella en Madre de Dios
El monitoreo de AMW revela que la pérdida forestal dentro del Corredor Minero alcanzó 22.756 hectáreas, siendo Guacamayo, a orillas del río Madre de Dios, la zona más afectada.
Fuera de este corredor, la deforestación impactó especialmente en la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, con un total de 2.439 hectáreas perdidas en sus zonas de amortiguamiento. A ello se suman 198 hectáreas deforestadas en concesiones forestales de castaña en la zona de Pariamanu, según datos del AMW.
El fenómeno no es reciente. Entre 2017 y 2018, la minería ilegal alcanzó niveles críticos en La Pampa (Madre de Dios), devastando miles de hectáreas de bosque primario. Esta emergencia motivó la Operación Mercurio en 2019, una intervención multisectorial contra la minería ilícita. Dos años después, la estrategia fue reemplazada por el Plan Restauración, con un alcance más amplio en la Amazonía sur.
Una tendencia continental
El problema trasciende fronteras. Según AMW, en 2024 la huella acumulada de deforestación por minería en Sudamérica superó los 2 millones de hectáreas. Solo entre 2019 y 2024, la expansión minera arrasó 1.06 millones de hectáreas, más de la mitad de la pérdida registrada en las últimas seis décadas. Aunque la tasa de incremento disminuyó en 2023 y 2024, tras alcanzar un pico en 2022, la tendencia continúa siendo preocupante.
Impacto multidimensional
Para la Blga. Carmen García Dávila, presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la situación es alarmante: “La minería aurífera aluvial en áreas naturales protegidas y territorios indígenas no solo es ilegal, sino que genera impactos severos en los ecosistemas amazónicos y en la salud humana”.
El IIAP estima que en el Perú se emiten 180 toneladas métricas de mercurio al año, de las cuales 13,6 toneladas se vierten solo en el río Madre de Dios. Este metal pesado se acumula en los peces con niveles que superan los estándares de la Organización Mundial de la Salud, poniendo en riesgo la salud de comunidades que dependen de la pesca.
La Unesco ya advirtió en 2020 que la exposición prolongada al mercurio puede ocasionar daños irreversibles en el sistema nervioso, riñones y cerebro.
Además de la salud, el impacto alcanza a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La degradación reduce hábitats, altera los ciclos hidrológicos, disminuye la fertilidad del suelo y libera grandes cantidades de CO₂ a la atmósfera, intensificando el cambio climático.
Una crisis agravada
El Mag. en Administración Pública Gonzalo Delgado J., director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, coincide en la gravedad del panorama. Según explica, la minería aurífera ilegal se ha expandido en los últimos cinco años hacia Nanay, Masan, Napo, Putumayo (Loreto) y otros territorios amazónicos, incluso dentro de áreas protegidas.
Este crecimiento responde a tres factores principales:
- El alza del precio internacional del oro, que actúa como incentivo económico.
- La débil presencia del Estado en zonas remotas, que facilita la operación de redes ilegales.
- Los efectos de la pandemia de la COVID-19, que empujaron a los migrantes a retornar a la Amazonía en busca de ingresos rápidos. “La pandemia obligó a muchas personas que habían migrado a las ciudades a regresar a las zonas rurales, y la Amazonía no estuvo al margen de ello”, sostiene el especialista.
Delgado advierte que la falta de un presupuesto adecuado y de una política de desarrollo integral para la Amazonía agrava esta crisis. La ausencia de alternativas económicas sostenibles, señala, deja el camino abierto a la minería ilegal.
El Reinfo bajo cuestionamiento
La reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha reavivado el debate. Delgado considera que su extensión, sin una propuesta alternativa, “solo prolonga la participación de grupos informales e ilegales”.
El mecanismo, creado para formalizar a pequeños mineros, solo es aplicable en zonas autorizadas como el Corredor Minero de Madre de Dios. Sin embargo, su ampliación fuera de esos límites amenaza con legitimar actividades prohibidas.
El Reinfo nació como un mecanismo de formalización para mineros pequeños y artesanales, limitando su presencia a zonas autorizadas como el Corredor Minero de Madre de Dios. Sin embargo, su extensión a otras áreas de la Amazonía resulta inviable, pues allí la actividad está prohibida por ley. Para el director del CEMS, el tema es aún más complejo al involucrar a los pueblos indígenas, como la nación Wampis, que mantiene una firme oposición a la minería en su territorio.
Urgencia de una respuesta integral
Tanto García Dávila como Delgado coinciden en que el combate a la minería ilegal requiere más que interdicciones. Proponen tres ejes centrales:
- Leyes claras y sin vacíos normativos que permitan sancionar con eficacia.
- Alternativas productivas sostenibles, respaldadas con asistencia técnica y acceso a mercados.
- Fortalecimiento del Estado en la Amazonía, con presencia real en las comunidades, control efectivo del territorio y lucha frontal contra la corrupción. “La limitada presencia del Estado en la Amazonía alimenta la percepción de cierta permisividad hacia la minería ilegal. Aunque existen indicios de coacción y corrupción, aún falta profundizar las investigaciones. Cuando los pueblos indígenas piden apoyo, este nunca llega; ahí se evidencia una grave descoordinación”, señala Delgado.
El experto sostiene que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben establecer una política clara de desarrollo y protección ambiental, más aún en un contexto de cambio climático donde la Amazonía resulta estratégica para la transición energética y la descarbonización.
Por su parte, la presidenta del IIAP añade que la situación exige acción inmediata:
“Necesitamos reforzar el monitoreo, erradicar la corrupción y ofrecer oportunidades sostenibles antes de que la minería ilegal avance hacia nuevas cuencas, como Puerto Inca (Huánuco) o el río Santiago (Amazonas)”.
La minería aurífera, en su versión legal e ilegal, no solo afecta el patrimonio natural del Perú, sino que también amenaza la salud humana, la seguridad de las comunidades y los compromisos climáticos del país.
La Amazonía, parte clave para lograr el equilibrio ambiental global, se encuentra en una encrucijada: o se fortalece la gobernanza ambiental con alternativas de desarrollo sostenible, o la región seguirá cediendo terreno ante el avance del oro ilegal.
