AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Escribe: Víctor Vásquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario
La situación del sector algodonero es la viva imagen de un conflicto bíblico en la era moderna: David contra Goliat, donde la burocracia estatal, representada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), paradójicamente, favorece al «Goliat» de los grandes grupos de poder textil, condenando al «David» a la pobreza y el abandono.
Esta cruel ironía se ha agudizado con recientes decisiones y declaraciones, cuando el exministro Ángel Manero priorizó la minería sobre la agricultura en el uso del agua, una sentencia que desnuda la indiferencia hacia los dos millones de productores de la agricultura familiar, quienes siguen cosechando miseria.
La farsa del rescate y el abandono histórico
El problema va más allá de un exministro; es una plaga endémica de la gestión pública. Bajo la fachada de “Revalorando el algodón peruano”, se repite la mentira y la ineptitud. La promesa del Bono de Competitividad (mil soles) resulta el señuelo demagógico. No es la primera vez que se usan fondos públicos con un supuesto fin redentor.
Hace años, Agrobanco, al igual que el actual Midagri, destinó cerca de 100 millones de soles para un «rescate» del algodón que benefició a grandes y medianos grupos de la industria textilera. Hoy, Agrobanco aún no recupera esos créditos, reflejando cómo la ignorancia y los intereses particulares, desde el poder, deciden el destino del dinero público sin castigo alguno.
Esta cadena de decisiones oscuras ha cimentado la miseria en el campo, con regiones donde la pobreza supera el 70 %. El abandono es palpable: menos del 4 % de los productores reciben asistencia técnica pública, y la exclusión financiera es abrumadora, con solo 7 de cada 100 accediendo a crédito de Agrobanco o al Fondo Agro-Perú.
El círculo vicioso del dominio textil
El poder en el sector se concentra en pocos, formando un mercado imperfecto que estrangula a la base productiva. La industria textil y de confecciones, si bien tiene en el emporio Gamarra a 46 400 micro y pequeños emprendedores (el 99,4 % del total), estas Mypes dependen totalmente de un puñado de actores con gran poder económico. Estos «Goliats» poseen plantas desmotadoras, centros textileros y son importadores, cerrando el círculo del negocio del algodón. Operan en el campo a través de intermediarios y habilitadores, perpetuando la informalidad y asegurando su dominio.
Esta estructura de mercado explica la dramática caída de la producción de algodón Pima, de 60 000 a menos de 4 000 hectáreas en el último cuarto de siglo. Esta reducción no es una casualidad, es la causa directa de la pobreza y miseria de los productores de la agricultura familiar. Mientras el Perú pierde una oportunidad clave en un mercado en crecimiento y las Mypes sufren las consecuencias de la dependencia, el país registra un déficit comercial de casi 500 millones de dólares en este rubro por las importaciones.
Los burócratas levantan la bandera del algodón Pima, único en el mundo por su textura, pero en realidad comprometen recursos públicos para asegurar materia prima y mayores márgenes de ganancia a los grupos industriales, sin importar el empobrecimiento del productor.
La alianza de David: un modelo de riqueza compartida
En medio de este panorama desolador, surgió una luz de esperanza con la alianza estratégica entre los productores algodoneros del CRAAP-A y las Mypes de Gamarra a través del CITE Gamarra.
Este modelo de creación de riqueza compartida buscaba asegurar casi el 50 % de la oferta nacional de algodón Pima para las Mypes, logrando un precio de compra justo para el productor, asegurando una utilidad histórica de aproximadamente 9500 soles por hectárea, y ofreciendo precios competitivos de textiles e hilos a Gamarra, además de garantizar que fueran 100 % Pima (sin mezcla con otros algodones).
Esta iniciativa encendió las alarmas de los grupos textileros dominantes. La burocracia decisora del Midagri se convirtió, nuevamente, en el peor enemigo de la agricultura familiar. A pesar de haber destrozado las esperanzas de 165 familias pobres que renunciaban al clientelismo y la demagogia estatal, la alianza entre productores (CRAAP-A) y Mypes (CITE Gamarra) persiste. Su lucha es una denuncia contra la miopía de los empresarios acostumbrados a vivir de políticas mercantilistas dictadas por el Estado y sus políticos, y una firme apuesta por el futuro del agro peruano y de sus mayorías.
