La Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Distrital de Yarabamba, en la región Arequipa, por deficiencias en la elaboración del expediente técnico del saldo de la obra de la represa Quichinihuaya que elevó en S/11 039 355 el presupuesto, lo que excede el límite dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado.
El contrato inicial del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de siembra y cosecha de agua (represa) en el anexo Quichinihuaya se firmó el 14 de febrero de 2024 por un monto de S/22 057 809 y un plazo de ejecución de 60 días calendarios. En diciembre de 2024 se resolvió el contrato y se paralizó la obra que debía beneficiar a 1600 agricultores y ganaderos de Yarabamba.
En el Informe de Hito de Control n.° 006-2026-OCI/1318-SCC, que evaluó el periodo del 25 de febrero al 3 de marzo 2026, se señala que para la elaboración del expediente técnico y la ejecución del saldo de obra había un presupuesto de S/17 981 336 y un plazo de ejecución de 135 días calendario. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2025, la Entidad aprobó el documento técnico por S/37 623 585 y un plazo de 150 días calendario.
Considerando el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, el presupuesto podía incrementarse hasta en 50 % respecto al contrato original, es decir, hasta S/26 584 230. Pero, lo aprobado por la entidad supera el límite dispuesto en la normativa y podría generar la nulidad del acto administrativo de aprobación y afectar la continuidad en la ejecución del saldo de obra.
El informe de control también señala que la municipalidad no contrató el servicio de consultoría para la supervisión del diseño del expediente técnico, lo que podría generar que no se realice una correcta supervisión técnica, económica y administrativa de las prestaciones y cumplimiento contractual. También se advirtió el incumplimiento en el uso del cuaderno digital de incidencias durante la elaboración de expediente técnico y ejecución de saldo de obra.
El informe elaborado fue comunicado al alcalde distrital para la adopción de las acciones preventivas y correctivas correspondientes.
