AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
En el marco de la reciente audiencia pública sobre la delegación de facultades al Ejecutivo, expertos de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas expresaron su profundo rechazo ante propuestas normativas que vulnerarían la intangibilidad de las áreas naturales protegidas (ANP), los territorios indígenas y aplicarían el “silencio administrativo positivo” a los procesos de certificación ambiental.
En su exposición de motivos, la propuesta de delegación de facultades enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo busca reducir el Parque Nacional Bahuaja Sonene, así como modificar la Ley n.º 28736, que protege a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Ello, bajo el argumento de promover inversiones, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y espacios de alto valor ambiental y cultural.
La amenaza sobre el Parque Nacional Bahuaja Sonene
El pedido del Ejecutivo busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir la reducción física o modificación legal de estos ecosistemas bajo el argumento de “necesidad pública” y así habilitar la exploración y explotación de hidrocarburos.
Denisse Linares, líder del programa de Sostenibilidad de DAR, resaltó específicamente la situación del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el sector Candamo. “El proyecto ignora que un Parque Nacional es de protección estricta e intangible, existiendo incluso ya un fallo judicial en segunda instancia que prohíbe las actividades extractivas en dicha zona”, sentenció.
Los expertos resaltaron que, si bien actualmente se está poniendo sobre la mesa el recorte de un parque nacional en específico, con esta medida se estaría poniendo en riesgo todo el sistema de áreas protegidas, incluyendo aquellas que protegen la diversidad del mar peruano.
Cabe destacar que en esta área de gran biodiversidad, cuya extensión es de 1 091 416 hectáreas, conviven especies en peligro de extinción, como guacamayos, águilas arpía, jaguares, tapires y lobos de río, entre otras.
Riesgo para los pueblos indígenas y territorios PIACI
Rocío Trujillo, en representación de Aidesep, comentó que uno de los principales puntos de preocupación del pedido de facultades legislativas se encuentra en su propia exposición de motivos del Proyecto de Ley n.º 00098/2026, donde se plantea modificar la Ley n.º 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Para las organizaciones que cuestionan esta propuesta, este planteamiento abre la posibilidad de priorizar derechos extractivos frente al derecho a la vida e integridad de los pueblos en situación de aislamiento, así como el principio de intangibilidad de las reservas indígenas.
La preocupación radica en que los PIACI se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y se desplazan por territorios que incluyen reservas indígenas y áreas naturales protegidas. Cualquier modificación que permita ampliar o mantener actividades extractivas en estos espacios podría incrementar los riesgos para su vida e integridad, reconocidos en el marco de protección nacional e internacional.
Además, la abogada refiere que otro punto de preocupación es la consulta previa. Las organizaciones indígenas advierten que la propuesta busca flexibilizar trámites de saneamiento y procedimientos administrativos, pese a que el Convenio 169 de la OIT establece que las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas deben ser consultadas.
En este contexto, preocupa que las facultades al Ejecutivo permitan modificar normas sobre minería, actividades extractivas y saneamiento sin garantizar este derecho y otros reconocidos en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se requiere mejorar la planificación energética y evaluar alternativas antes de modificar protecciones ambientales de largo plazo
Por su parte, el análisis de DAR alertó sobre la necesidad de ampliar el debate energético en términos de planificación y seguridad energética. El único proyecto de gas que abastece exclusivamente al Perú es el Lote 88, ubicado en la Amazonía de Cusco, por lo que es necesario conocer las negociaciones sobre el destino de otros lotes de gas, como el 58, que aún no ha iniciado operaciones.
“Decisiones de esta magnitud requieren planificación y una visión integral de la matriz energética. Si el interés real es la seguridad energética, el Gobierno debe basarse en sustentos técnicos como las proyecciones de demanda nacional de energía y de gas en los próximos 40 años, así como transparencia en torno a las reservas certificadas con las que contamos”, señaló.
El peligro del silencio administrativo positivo
Las organizaciones comentaron el intento de aplicar la aprobación automática a los instrumentos de gestión ambiental (EIA). DAR enfatizó que la demora en las certificaciones no responde a un problema burocrático, sino a la deficiencia técnica de las empresas: el 82 % de las observaciones se concentra en la mala descripción de los proyectos, líneas base e identificación de impactos.
Aplicar un silencio positivo convertiría expedientes deficientes en operaciones de alto riesgo ambiental y social.
Observaciones
Cabe señalar que, a través de un pronunciamiento con más de 400 adhesiones de ciudadanos, organizaciones sociales, gremios agrarios y sindicatos de trabajadores, entre otros, se viene rechazando la propuesta de delegación de facultades, pues vulneraría derechos ambientales y de los pueblos indígenas.
Esta situación también ha llamado la atención de nueve relatores especiales de la ONU, quienes han expresado su preocupación al Gobierno peruano por los riesgos que el pedido de facultades del Ejecutivo podría causar al ambiente y a los derechos de la población, siendo los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones rurales los más expuestos.
Frente a este escenario, las organizaciones y especialistas solicitan al Congreso:
Que no se vulneren los derechos de los pueblos indígenas, los territorios PIACI y el patrimonio natural (ANP, ecosistemas marinos y cabeceras de cuenca).
Fortalecer la capacidad operativa de las entidades evaluadoras y fiscalizadoras, en lugar de sustituir la revisión técnica por un silencio administrativo positivo.
Transparentar los estudios de demanda energética y abrir el debate técnico y participativo para ampliar la matriz hacia energías renovables y dar una real seguridad energética al país.
Ampliar el debate sobre la diversificación de la matriz energética con energías renovables y reducir la dependencia y vulnerabilidad económica y energética del gas.
Pronunciamiento general:
https://dar.org.pe/pronunciamiento-defendamos-nuestras-areas-naturales-protegidas-y-territorios-indigenas-del-proyecto-de-ley-de-delegacion-de-facultades/
Carta internacional de relatores de la ONU sobre la delegación de facultades:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=31263
Pronunciamiento de ocho organizaciones indígenas peruanas sobre delegación de facultades (Aidesep):
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1529142915921923&set=a.477743151061910&locale=es_LA
Informe de DAR:
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2026/09/Opinion-DAR-Delegacion-de-Facultades_G.-A.pdf
