AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de los territorios y proteger los derechos de la población, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ejecuta una inversión histórica superior a los S/26.7 millones destinada a la georreferenciación de comunidades nativas en siete regiones del Perú, como parte de una política nacional orientada a prevenir conflictos territoriales y garantizar los derechos colectivos.
En ese marco, el Midagri transfirió S/6.05 millones a la región Ucayali para la georreferenciación de 50 territorios comunales, consolidando un avance clave en la protección legal de los pueblos indígenas y en la defensa de sus tierras frente a superposiciones, invasiones y tráfico de territorios.
Como parte de esta intervención, se realizó la entrega de instrumentos técnicos de georreferenciación correspondientes a 20 territorios comunales, beneficiando directamente a 19 comunidades nativas y abarcando una extensión de 488 658 hectáreas de territorio ancestral. Esta acción impacta de manera directa en más de 2000 familias, equivalentes a aproximadamente 5000 comuneros.
Estos instrumentos —que incluyen mapas oficiales, coordenadas precisas, planos perimétricos y memorias descriptivas— permiten establecer de manera clara y legal los límites de los territorios comunales, constituyéndose en un paso indispensable para su inscripción registral y la garantía efectiva de la seguridad jurídica sobre la tierra.
Durante la actividad, realizada en el distrito de Yarinacocha, en el Colegio Nacional de Yarinacocha, la viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Carmen Inés Vegas Guerrero, destacó que este proceso reconoce y fortalece el liderazgo indígena, basado en la sabiduría ancestral y la acción colectiva, como pilares para consolidar la autonomía, la identidad y la participación de las comunidades en el desarrollo nacional.
La viceministra subrayó que el proceso de georreferenciación cumple rigurosamente con los cinco hitos técnicos establecidos y con la normativa vigente, conforme a la Resolución Ministerial n.° 370-2017-Minagri, lo que otorga plena validez legal a los instrumentos ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
“Lo que hoy reciben no es solo un documento, sino un símbolo de respeto, de dignidad y de justicia. Que este acto sagrado fortalezca la hermandad entre los pueblos indígenas y el Estado, y marque un camino de respeto mutuo, diálogo sincero y construcción conjunta del buen vivir”, indicó la viceministra Vegas Guerrero.
Asimismo, resaltó que el logro de esta intervención es resultado de una articulación efectiva entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Ucayali, Sunarp y las organizaciones indígenas, reconociendo el rol fundamental de ORAU, Feconapu y ORDIM en el proceso participativo y de gobernanza territorial.
Por último, reafirmó el compromiso del sector con la protección de los territorios indígenas, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de una gestión agraria inclusiva, que reconoce a las comunidades nativas como actores fundamentales del desarrollo del Perú.
