La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) transfirió S/544 800 al Gobierno Regional de Ucayali con el objetivo de realizar la georreferenciación de 10 comunidades nativas pertenecientes a las etnias Shipibo-Konibo y Asháninka.
Esta intervención beneficiará directamente a más de 650 familias y abarcará una superficie de 42 496.26 hectáreas, marcando un hito en la protección de los derechos territoriales y el desarrollo sostenible de estas comunidades.
El proceso de georreferenciación permitirá actualizar y digitalizar los Planos de Demarcación Territorial, asegurando una cartografía precisa para las comunidades de Shambo, Porvenir, Shambo Porvenir (Ampliación), Santa Clara de Uchunya, San Francisco, Nuevo Ceylán, Betel, Nuevo San Rafael y Flor de Chengari, ubicadas en los distritos de Nueva Requena, Callería, Yarinacocha, Masisea y Tahuanía. Esta actualización fortalecerá la seguridad jurídica de sus territorios frente a amenazas como la invasión, tala ilegal y cultivos ilícitos.

Laura Mantilla, ejecutiva zonal de Devida Pucallpa, subrayó que “este proyecto, en alianza con el gobierno regional, Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), es un paso fundamental para garantizar los derechos ancestrales de las comunidades, asegurar su desarrollo sostenible y combatir actividades ilícitas en sus tierras”.
Las comunidades nativas de Ucayali han enfrentado problemas críticos, como la invasión de sus territorios, tala ilegal y deforestación causada por la expansión de cultivos ilícitos de hoja de coca. Aunque cuentan con títulos de propiedad registrados, los planos de demarcación elaborados anteriormente con metodologías rudimentarias dificultaban una gestión territorial efectiva.
Con la implementación de la georreferenciación, se asegurará una demarcación territorial exacta, fortaleciendo las capacidades de las comunidades para proteger sus tierras y recursos. Este proyecto no solo contribuye a la defensa del medio ambiente y la paz social, sino también al bienestar de las familias nativas y al impulso de un desarrollo sostenible e inclusivo en la región.
