Los resultados de la segunda vuelta electoral nos muestran un mapa político preocupante, donde se visibiliza un divorcio evidente entre la costa y los Andes y una Amazonía dividida, como si tuviéramos tres tipos de Perú en un solo mapa. Dentro de este marco, la costa defiende el modelo económico neoliberal, mientras que la sierra y parte de la selva, cuyas poblaciones en su mayoría pertenecen al ámbito rural y cuya actividad principal es el agro, reclama el cambio de modelo.
Esto se debe a la necesidad de que el próximo gobierno tiene que aplicar el enfoque territorial (foto) en la formulación de políticas públicas, porque mientras se sigan emitiendo propuestas unificadas para todo el Perú, como si fuera una mesa plana, olvidando que es un territorio megadiverso: en la biodiversidad, en la cultura, en sus aspiraciones, en sus formas de vida, en su lengua, etc; las poblaciones nunca van a percibir la presencia del Estado y de la gestión pública.
Las políticas públicas deben responder a las necesidades de la población, por ello es urgente que éstas se realicen con la participación y la consulta de los actores, ahí me refiero a la población que día a día está directamente vinculada con la producción agraria. En los últimos años cada vez más se ha escuchado hablar de la participación ciudadana en la elaboración de ciertas políticas y planes de desarrollo, pero en realidad quienes ha participado han sido representantes de municipalidades y de ONGs, principalmente, y escasamente de los líderes agrarios; de tal modo se deja del lado la voz de los verdaderos actores de la realidad agraria y finalmente se obtiene políticas públicas o propuestas técnicas que no tienen legitimidad de la población y más bien son producto de la concepción de técnicos que en su mayoría hasta son personas foráneas.
Por lo tanto, estas últimas elecciones han puesto en evidencia que una propuesta sí respondía a las necesidades de un sector de la población y la otra propuesta respondía a las necesidades del otro sector de la población. Por un lado, el plan agrario de la candidata Keiko Fujimori que se centra en las propuestas de construcción de irrigación e impulso a la agroexportación e incrementar la productividad, entre otros aspectos, calzó bien para los electores de la costa y de la selva que están inmersos en los mercados agroexportadores como el banano, paltas, arándanos, café, palma, entre otros. Mientras que el del profesor Pedro Castillo Terrones se centra en la siembra y cosecha de agua, la gestión de cuencas hidrográficas, la compra directa de productos agrarios como maíz, papa, trigo, leche por el Estado, a un precio justo.

Entonces, tanto las actuales políticas públicas y las que proponían ambos candidatos, no tenían un enfoque territorial, y no solo en materia agraria, igual para la salud, educación y demás temáticas que debe manejar todo plan de gobierno que apuesta por la gobernabilidad y gobernanza de un país tan complejo y megadiverso como Perú y con brechas sociales tan marcadas entre la costa, sierra y selva.
Este enfoque territorial para generar políticas públicas sectoriales debe aplicarse como parte del proceso de descentralización en acuerdo con los gobiernos regionales y gobiernos municipales, lejos de estar juzgándose por sus incapacidades. Un buen gestor o líder de un país, lo que debe hacer es generar capacidades en los tres niveles de gobierno, para que se generen políticas públicas descentralizadas acorde a las realidades, de esta manera la población de la sierra central, sierra sur, selva, costa, los ganaderos, los agricultores inmersos en la agroexportación, los productores de panllevar, los agricultores que producen para el mercado nacional y así cada uno con sus matices podrán sentir y percibir que realmente su gobierno central de la mano con sus gobiernos regionales y locales están promoviendo el desarrollo socioeconómico. Mientras cada uno camine en direcciones diferentes y mirando al Perú como que, si todo fuera igual, vamos en camino a perder el horizonte y Ceplan habrá perdido tiempo en elaborar la Visión País 2050 y el Plan Bicentenario será otro informe que adorna la biblioteca de la Presidencia.
Se espera que el nuevo gobierno tenga una confluencia de gestores públicos que conozcan: la concepción del desarrollo sostenible con enfoque territorial, los mecanismos de participación ciudadana y que promueva la generación de capacidades, la comunicación articulada y transparente y que tengan la voluntad y compromiso con las poblaciones vulnerables y con todo el país, lejos de buscar sus propios intereses.
