AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La inseguridad ciudadana que golpea a las provincias no solo amenaza la tranquilidad de las familias, sino también la sostenibilidad de sectores clave como la agroindustria, que hoy genera miles de empleos y dinamiza las economías locales. Ante este panorama, representantes del Estado, la empresa privada y la sociedad civil coincidieron en que la respuesta a la violencia debe incluir desarrollo económico, empleo digno y políticas articuladas de seguridad y justicia.
Este consenso se reafirmó durante el Segundo Foro “Virú al 2030: Paz, Seguridad y Justicia para el Desarrollo”, promovido por la Municipalidad Provincial de Virú, la Municipalidad Distrital de Chao y la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS).
El encuentro reunió a autoridades policiales, fiscales, académicos y empresarios que analizaron estrategias para vincular la productividad regional con la seguridad ciudadana sostenible.
En su intervención, el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, destacó el compromiso institucional con la provincia y anunció la continuidad de las operaciones de inteligencia en la zona.
“Vamos a mantener de manera permanente al equipo de inteligencia de la Policía en Virú. La seguridad no puede ser intermitente; debe ser constante y coordinada con la población y el sector productivo”, afirmó el general Arriola.
La medida fue recibida como un paso concreto para devolver estabilidad a una provincia que representa uno de los motores del agroexportador peruano.
Por su parte, la gerente general de ADAS, Úrsula Mac Lean, subrayó la urgencia de pasar de las declaraciones a los hechos:
“Este foro no debe quedar como una declaración bien intencionada, sino convertirse en un punto de partida para acciones concretas y permanentes. Cuando comunidad, Estado y empresa se sientan en la misma mesa, el futuro de paz y bienestar se puede convertir en una meta alcanzable.”
Seguridad y desarrollo: dos caras del mismo desafío
El encuentro resaltó el rol estratégico de la agroindustria como pilar de empleo formal y desarrollo regional. En la provincia de Virú, por ejemplo, el sector genera más de 12 500 empleos directos, mientras que, a nivel de La Libertad, la agroindustria representa más del 10 % del empleo formal. Sin embargo, la inestabilidad económica y los riesgos de inseguridad han provocado la pérdida de más de 15 000 puestos de trabajo en el último año, según reportes del sector.
Los especialistas coincidieron en que un entorno seguro es condición indispensable para sostener la productividad, atraer inversiones y evitar la migración hacia la informalidad. “La seguridad ciudadana es también una política de desarrollo. Cuando se protege el trabajo formal, se fortalece el tejido social y se reduce la violencia”, destacaron los organizadores.
Un llamado a políticas públicas integrales
Las conclusiones del encuentro apuntan a un objetivo común: articular seguridad y desarrollo dentro de una política pública de largo plazo. Entre las propuestas planteadas se incluyen:
– Presencia policial especializada y constante en las zonas de influencia agroindustrial.
– Proyectos de empleo formal y programas sociales dirigidos a jóvenes en riesgo.
– Observatorios de seguridad y desarrollo local con participación de la empresa privada.
– Incentivos a la inversión responsable en las provincias, garantizando entornos seguros y sostenibles.
El consenso fue claro: la lucha contra la inseguridad no puede desvincularse del crecimiento económico. Solo uniendo esfuerzos entre Estado, empresa y ciudadanía será posible transformar las provincias en espacios de paz, productividad y oportunidades hacia el 2030.
