AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República detectó pagos indebidos y deficiencias en la ejecución de la obra de defensa ribereña del margen izquierdo del río Zarumilla, en la región Tumbes, ejecutada por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT). Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico superior a S/8.6 millones.
La obra, ejecutada con un presupuesto de S/84 millones, tenía como objetivo proteger 690 hectáreas en los distritos de Aguas Verdes y Papayal, zonas gravemente afectadas por el fenómeno El Niño de 2017.
Pagos indebidos
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 27485-2024-CG/GRTB-AC, tras la adquisición y expropiación de 125 terrenos en 2019, la entidad acordó actualizar el valor de los predios ya pagados, pese a no contar con un marco legal que respaldara esta medida. Durante 2020, 2021 y 2022, el PEBPT realizó pagos adicionales a 94 propietarios y 137 ocupantes de terrenos, estableciendo al 30 % del valor de los predios, generando un perjuicio económico de S/2.8 millones.
Deficiencias constructivas
En 2021, tras culminar la infraestructura de la defensa ribereña, la supervisión dio conformidad a la obra sin realizar los ensayos correspondientes para verificar la calidad del material colocado. Posteriormente, el estudio de mecánica de suelos evidenció que el afirmado del dique no cumplía con las especificaciones técnicas, lo que provocó deterioros, erosión y baches. Estas deficiencias generaron un perjuicio adicional de S/5.6 millones, atribuido a la conformidad irregular otorgada por el comité de recepción.
Metrados no ejecutados
Además, la Contraloría encontró que la liquidación del contrato incluyó mayores metrados y trabajos no ejecutados, lo que ocasionó un perjuicio adicional de S/281 000. En total, las irregularidades detectadas representan un daño económico superior a S/8.6 millones.
Responsabilidades y acciones legales
Tras estas irregularidades, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en 17 funcionarios y remitió el informe a las instancias judiciales y administrativas correspondientes.
