La Contraloría General de la República advierte que el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) otorgó más de S/25 millones mediante contratación directa a una empresa que no cumple con el requisito mínimo. Esta suma se destinó para la obra de rehabilitación del servicio de agua para riego del canal La Peña, ubicado en los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto.
Bajo el argumento de riesgo inminente de daño a la propiedad, áreas de cultivos, caminos, vías de acceso y vida humana, pese a la ausencia de fuertes lluvias en la región.
El informe n.° 011-2024-OCI/3414-SCC, alerta que el Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) dio la buena pro a una empresa que no cumple el requisito mínimo de experiencia establecido en los Términos de Referencia (TDR), esto en base a que el postor debió acreditar un monto acumulado en obras equivalente al valor referencial del proyecto (S/25 millones), durante los 10 años anteriores a la presentación de la oferta.
Cabe resaltar que la única obra realizada por el postor finalizó en el año 2013, donde solo tuvo 3 % de participación en el consorcio a cargo, por lo que no contaría con la experiencia en la especialidad solicitada en los TDR, sin embargo, su oferta fue admitida, afectando la legalidad de las contrataciones y el buen funcionamiento de la administración pública.
Es de precisar que dicho proveedor solo tiene la Capacidad Libre de Contratación (CLC) de S/20 millones (es decir solo puede ejecutar hasta esa cifra).
Además, se identificó la falta de autorización y presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico ante Ministerio de Cultura, a pesar de estar considerado en una partida del Expediente Técnico con un costo de S/33 000, lo que podría ocasionar que dicho ente paralice la obra para salvaguardar el Patrimonio Cultural de la Nación, y esto a su vez genere solicitudes de ampliación de plazo.
En otro aspecto, la entidad no viene cumpliendo con la implementación y utilización del cuaderno digital de obra, lo que afecta la oportuna actualización y transparencia de su contenido.
Además, respecto al avance en la ejecución y el expediente técnico, tampoco vendrían ingresando información en el aplicativo Infobras, registro obligatorio para las entidades del Estado, lo que limita el acceso para la supervisión y seguimiento por los órganos competentes.
Dato:
La buena pro se dio a una empresa que luego de recibir la confirmación respondió informando que la ejecución de obra se realizaría como consorcio, sumando a dos empresas. No obstante, una de estas había sido invitada a presentar su propuesta, la cual no alcanzó a la entidad durante la fase de cotización.
