AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República determinó un perjuicio económico de S/93 837 en el Gobierno Regional de Pasco debido a irregularidades en la ejecución y recepción de la obra de recuperación de un área degradada para residuos sólidos y la habilitación de una celda transitoria en la localidad de Goyllarisquizga, provincia de Daniel Alcides Carrión.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 008-2026-2-5348-AC, que evaluó el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2025, funcionarios y servidores públicos aprobaron pagos y recibieron la obra pese a que la empresa contratista dejó trabajos inconclusos, ejecutó parcialmente algunas partidas y presentó deficiencias constructivas.
La auditoría estableció que se pagaron S/36 433 por trabajos que no fueron concluidos o que se ejecutaron de manera deficiente. Pese a ello, dichas partidas fueron incluidas en las valorizaciones mensuales y aprobadas sin observaciones por los responsables de la supervisión, la administración del contrato y la recepción de la obra.
Asimismo, se identificó un perjuicio de S/57 403, debido a que el comité de recepción permitió recibir la obra con un retraso injustificado de 53 días calendario, sin advertir que los trabajos no habían sido culminados. Esta situación ocasionó la inaplicación de las penalidades máximas por mora previstas por ley, beneficiando directamente al contratista.
Además, el equipo de control verificó que la infraestructura podría generar riesgos ambientales, debido a que el proyecto fue ejecutado y liquidado sin contar con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos aprobado por la autoridad competente, lo que limita la adecuada mitigación de los impactos ambientales en la zona.
Los resultados del informe fueron comunicados al titular de la entidad, al órgano instructor y al procurador público especializado en delitos de corrupción, para que se inicien las acciones penales y administrativas que correspondan contra siete exfuncionarios y servidores públicos involucrados.
