El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha autorizado la transferencia de S/26.7 millones a siete gobiernos regionales para la georreferenciación de 222 comunidades nativas tituladas. Esta medida no solo busca asegurar sus derechos territoriales, sino también potenciar su desarrollo económico y social.
Bajo el marco del Decreto Supremo n.° 062-2025-EF, los gobiernos regionales de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, recibirán los siguientes aportes: Cusco (S/5.2 millones), Huánuco (S/854 000), Junín (S/6 millones), Madre de Dios (S/1.5 millones), Pasco (S/6 millones), San Martín (S/1 millón) y Ucayali (S/6 millones). Estos recursos serán la clave para que las comunidades nativas puedan no solo validar sus territorios, sino también mejorar sus condiciones de vida a través de una producción agrícola sostenible.
La iniciativa de georreferenciación permitirá que las comunidades cuenten con un sistema de información confiable y accesible. Esto facilitará su participación en programas de desarrollo agropecuario y abrirá nuevas puertas para el comercio de productos emblemáticos como el café, el cacao y la palma, que son el sustento de miles de familias. En total, se estima que 232 720 productores serán beneficiados, entre ellos 6000 familias de comunidades nativas que ahora tendrán más oportunidades para avanzar y prosperar.

La Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) del Midagri ha destacado la importancia de esta inversión para la región, subrayando que hay más de 137 000 productores de café y alrededor de 93 000 de cacao que se beneficiarán directamente de esta medida. Este esfuerzo busca no solo formalizar la propiedad de la tierra, sino también reconocer y respetar la rica diversidad cultural y agrícola.
El Midagri, a través de su Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, será responsable de asegurar que estos recursos se utilicen de manera efectiva para alcanzar los objetivos planteados. Esta acción representa un claro compromiso estatal por fomentar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades nativas.
