AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Lima. La Contraloría General de la República evidenció que funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Paramonga recibieron y pagaron, entre 2024 y 2025, la obra de “Rehabilitación de la captación del canal Huáncar Alto”, pese a que la bocatoma se encuentra inoperativa y no capta ni deriva agua hacia el canal de riego. Asimismo, aprobaron pagos por trabajos no ejecutados o sin sustento técnico, generando un perjuicio económico de S/694 950.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 006-2026-2-2960-AC, que comprendió el periodo del 23 de abril de 2021 al 1 de abril de 2025, se identificó a seis funcionarios y exfuncionarios de la comuna con presunta responsabilidad penal y/o administrativa. Sus actuaciones contravinieron la normativa vigente y afectaron la finalidad de la obra, orientada a brindar una adecuada infraestructura para el riego de las tierras de cultivo de la zona.
La comisión de control advirtió que funcionarios municipales formularon y solicitaron la aprobación de un expediente técnico con deficiencias e incongruencias. A pesar de ello, se continuó con la ejecución de la obra hidráulica. Estos riesgos fueron comunicados oportunamente por la Contraloría a la municipalidad en 2024; sin embargo, la entidad no adoptó las medidas correctivas correspondientes. En diciembre de ese mismo año, el comité de recepción recibió la obra sin verificar el funcionamiento de la infraestructura culminada.
Durante una nueva inspección realizada en febrero de 2026, los auditores corroboraron que la bocatoma no opera debido a que la ventana de captación está obstruida por vegetación. Además, el barraje, construido con un ancho de cinco metros, resulta insuficiente frente al ancho real del río, que alcanza los 16.40 metros, lo que provoca la desviación del caudal.
Actualmente, el agua del río es captada de manera provisional mediante mangas plásticas adquiridas por los propios usuarios e instaladas de forma artesanal, las cuales presentan pérdidas de agua debido a perforaciones y empalmes defectuosos. Asimismo, la infraestructura fue construida junto a un cerro del que se desprenden bloques de piedra de gran tamaño, poniendo en riesgo la obra.
La comisión de control también determinó que funcionarios municipales aprobaron y autorizaron el pago de las valorizaciones de obra n.° 01, 02 y 03 presentadas por el consorcio ejecutor, pese a que contenían trabajos no ejecutados y/o carecían de sustento técnico. Del mismo modo, a pesar de las advertencias previas de la Contraloría sobre estas irregularidades, se autorizó el pago de los informes de valorización emitidos por el supervisor de obra, los cuales no contenían observaciones.
Cabe señalar que, según el informe, la contratación del supervisor fue indebida, debido a que no cumplía con los requisitos de experiencia exigidos por la normativa en cuanto a especialidad, envergadura y complejidad de la obra.
Entre otras irregularidades, se detectó que el comité de selección admitió la oferta del consorcio ganador pese a que este no presentó el documento que acreditaba la constatación previa de la obra, requisito destinado a prevenir dificultades durante la entrega del terreno. Asimismo, no se verificó adecuadamente la documentación presentada para la suscripción del contrato respecto a la experiencia del plantel profesional clave.
Los resultados del informe fueron comunicados al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Huaura, a fin de que inicie las acciones legales correspondientes. Del mismo modo, se notificó al titular de la entidad y al Concejo Municipal para que adopten las medidas administrativas que correspondan contra los involucrados.
