AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República detectó que funcionarios y/o servidores de la Municipalidad Distrital de El Tambo, provincia Huancayo, región Junín, incumplieron con sus obligaciones de gestión ambiental durante los años 2022 y 2023, lo que generó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impusiera una multa de S/848 608, que se constituye en perjuicio económico contra la entidad edil.
Según el Informe de Control Específico n.° 003-2025-2-1929-SCE, el hecho se identificó tras verificarse que la comuna no cumplió con la implementación del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas “La Mejorada”, aprobado en agosto de 2022. Este incumplimiento afectó la recuperación de dicha área y la mitigación de riesgos para la salud y el ambiente.
El incumplimiento del plan provocó la acumulación de residuos sin el tratamiento adecuado, lo que contaminó el suelo y las aguas subterráneas. Además, la gestión deficiente de los desechos permitió la filtración de líquidos residuales contaminantes y la emisión de gases nocivos, deteriorando la calidad del aire y poniendo en riesgo la salud y calidad de vida de los habitantes de la zona.
Ante esto, el informe de control detalla que la municipalidad no gestionó el presupuesto necesario ni adoptó medidas para ejecutar las acciones de recuperación ambiental, pese a estar establecido en un instrumento de gestión ambiental ya aprobado desde el 2022.
Asimismo, el órgano de control advirtió que, en lugar de destinar recursos a la solución del problema ambiental, la entidad reconoció la multa impuesta sin contar con las opiniones técnicas: legal y presupuestal u opinión del órgano rector sobre su legalidad. Esto generó un mayor impacto en las finanzas municipales y no contribuyó a remediar el daño ambiental existente.
Ante estos hechos, la Contraloría identificó a ocho funcionarios con presunta responsabilidad civil y administrativa por no adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro ambiental y el perjuicio económico a la municipalidad. En esa línea, el informe recomienda el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes.
