AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
El Instituto Crecer, organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo rural sostenible, celebró la decisión del gobierno peruano de acelerar la formalización de la agricultura bajo la Ley 31973.
El titular del Midagri, Ángel Manero, anunció a los dirigentes agrarios que, gracias a la vigencia de la ley, su cartera se esforzará por acelerar la formalización de miles de agricultores amazónicos y por iniciar el proceso de georreferenciación de las unidades productivas.
Ambos requisitos son fundamentales para que los exportadores peruanos puedan ingresar sus productos a la Unión Europea a partir de enero de 2025.
«Es una noticia muy positiva que el gobierno finalmente reconozca la necesidad de transformar la gestión de la propiedad y el uso del suelo en el país», afirma Juan Manuel Benites, representante del Instituto Crecer.
«Esta medida permitirá garantizar el arraigo de los agricultores a su tierra, abriendo la puerta al acceso a recursos financieros y al desarrollo de su potencial productivo, lo que tendrá un gran impacto en la reducción de la presión sobre el bosque Amazónico aún existente», señala.
El Instituto Crecer considera que esta formalización no solo beneficiará a los agricultores, sino que también contribuirá a la reducción de la tasa de deforestación en la Amazonía: «Al reconocer el uso actual del suelo, como se ha hecho en otros países como Colombia, podremos evitar la expansión de la frontera agrícola y proteger nuestra rica biodiversidad», explica Juan Manuel Benites.
Sin embargo, el Instituto Crecer también hace hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para los agricultores formalizados y de implementar políticas sostenibles para el desarrollo agrícola. «La formalización por sí sola no es suficiente», sostiene. «Es necesario un enfoque integral que combine la seguridad jurídica con la promoción de prácticas agrícolas sostenibles».
En ese sentido, expresaron su respaldo a la decisión del ministro Manero y su compromiso de seguir trabajando con el gobierno y otros actores para garantizar que la aceleración de la formalización agraria se realice de manera efectiva y sostenible, beneficiando a los agricultores, al medio ambiente y al país en su conjunto.
