AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República evidenció la inadecuada defensa de los intereses del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), por parte de su abogado externo para procesos arbitrales (2015-2023), y el incumplimiento de funciones de sus cuatro jefes de Asesoría Jurídica entre el 2016 y el 2023, generaron un perjuicio económico de S/ 1.5 millones derivados de la demora para el cumplimiento de un laudo arbitral a favor del contratista que ejecutó el “Mejoramiento de la bocatoma de Chavimochic” por S/ 65.4 millones.
La obra inició su ejecución el 9 de enero de 2010 pero debido a las diferentes causales que afectaron su ruta crítica, se aprobaron 13 ampliaciones de plazo que retrasaron su culminación hasta el 8 de diciembre del 2011 y su liquidación hasta el 9 de enero de 2023, esto último debido a una serie de demandas judiciales interpuestas, luego que el contratista ganara el proceso arbitral que inició cuando el PECH no le reconoció los 156 días calendarios que solicitó en la décimo segunda ampliación de plazo. Solo le otorgó 35.
El Informe de Control Posterior 009-2024-2-0608-SCE detalla que tanto los jefes de Asesoría Jurídica como el abogado externo para procesos arbitrales del PECH no asesoraron al titular de esta entidad para cumplir con lo resuelto por el Centro de Arbitraje.
Además, el abogado externo interpuso demanda de anulación del laudo arbitral sin fundamentar con algunas de las causales contempladas en la Ley del Arbitraje, así como contradicción al mandato judicial de ejecución del laudo arbitral sin sustento legal y factico.
Tras perder en la vía judicial, el PECH pagó S/5 404 479 al contratista por liquidación de obra (S/3.4 millones), por el mantenimiento de 17 cartas fianzas según laudo arbitral (S/1.4 millones) e intereses moratorios por el pago de mantenimiento de dichas cartas fianzas (S/ 82.8 mil), entre otros.
Los dos últimos montos suman el perjuicio económico por no acatar la resolución del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros (del 29 de setiembre de 2016) y propiciar la demora de su cumplimiento a través de procesos judiciales.
Por todo lo expuesto, la Contraloría General identificó presunta responsabilidad civil tanto en el ex abogado externo para procesos arbitrales como en los ex jefes de Asesoría Jurídica del PECH, motivo por el cual se elevó el informe a la Procuraduría Pública de esta entidad fiscalizadora superior para el inicio de las acciones legales civiles que correspondan.
