AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Los principales gremios empresariales del Perú, en un comunicado público, exhortan al Tribunal Constitucional, al Poder Ejecutivo, al Congreso, al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia a reflexionar sobre la necesidad de revisar y mejorar la Ley de Extinción de Dominio, con un enfoque integral, receptivo y bien diseñado.
“Con ello, se busca garantizar que esta norma sea una herramienta efectiva contra la criminalidad organizada, sin generar incertidumbre ni perjuicios para los millones de emprendedores que actúan legítimamente y que son la base para la creación de empleo y el desarrollo del país”, señalan los empresarios en el documento.
El comunicado está suscrito por 19 agrupaciones empresariales, entre ellas Confiep, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Conveagro, la Asociación Automotriz del Perú, el Consejo Amazónico de Cámaras de Comercio, la Asociación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, entre otras.
Estos gremios afirman creer en la importancia de contar con una Ley de Extinción de Dominio que permita la recuperación de bienes y grandes patrimonios de origen delictivo. Una ley que sea una herramienta firme contra la criminalidad, pero que también garantice la seguridad jurídica, el debido proceso, la propiedad privada y los derechos humanos de los emprendedores.
Se advierte que la norma actual permite incautar bienes incluso cuando la persona es absuelta en el proceso penal que motivó la extinción de dominio, lo cual consideran injusto. Además, su aplicación es retroactiva y sin límite temporal, y exige a los compradores demostrar que actuaron con buena fe cualificada vigente desde 2019, incluso en adquisiciones realizadas años antes. El procedimiento tampoco garantiza una defensa justa y efectiva.
Finalmente, los gremios empresariales advierten que, en un país como el Perú, donde más del 70 % de la economía enfrenta barreras para formalizarse, la aplicación indiscriminada de la Ley de Extinción de Dominio, sumada a la falta de criterios claros para diferenciar bienes de origen criminal de aquellos adquiridos en contextos de difícil formalización, pone en riesgo derechos constitucionales y la estabilidad económica.
