AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
En una comunidad rural, una obra comienza mucho antes de que lleguen los materiales o se ponga la primera piedra. Empieza cuando los vecinos se reúnen, conversan sobre sus necesidades y toman una decisión en conjunto. Allí, en una asamblea comunal, hombres y mujeres eligen a sus representantes y acuerdan cómo administrar los recursos que el Estado destinará a mejorar sus condiciones de vida.
Ese es el espíritu de los núcleos ejecutores (NE), un modelo de gestión participativa creado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en la década de 1990. Más de tres décadas después, la fórmula mantiene su vigencia: acercar la gestión pública a las comunidades y hacer que sean sus propios habitantes quienes participen directamente en las decisiones en la ejecución de los proyectos que transforman sus territorios.
Actualmente, 450 núcleos ejecutores participan en proyectos productivos y de infraestructura social en distintas regiones del país. De ellos, 390 gestionan el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, 14 participan en Mi Emprendimiento Mujer, cinco en Mejorando Vidas y 41 organizan trabajos de mantenimiento de caminos rurales y trochas carrozables.
“Detrás de cada núcleo hay familias que producen, emprenden, mejoran sus viviendas, acceden a servicios o recuperan caminos que conectan sus comunidades con mercados y centros poblados”, refiere la ministra del Midis, Maritza Canales Martínez.
Decidir y administrar en comunidad
El núcleo ejecutor es una organización civil con personería jurídica y carácter temporal, constituida por los propios usuarios para gestionar un proyecto. El Estado transfiere los recursos bajo la modalidad de “donación con cargo” y la comunidad asume la responsabilidad de administrarlos, adquirir materiales, contratar servicios y, al concluir el proyecto, rendir cuentas públicamente.
Las decisiones no se toman en un escritorio. Se discuten en asambleas comunales y están a cargo del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor (ORNE), integrado por cuatro personas elegidas o designadas según corresponda: presidente, secretario, tesorero y fiscal. A ellos se suma un coordinador técnico, encargado de brindar el soporte especializado para cumplir las metas previstas.
Así, la población usuaria deja de ser únicamente beneficiaria de una intervención pública y se convierte en protagonista de su ejecución. El modelo busca que las inversiones respondan a las necesidades reales de cada comunidad y, al mismo tiempo, fortalece capacidades locales para administrar recursos públicos con responsabilidad y transparencia.
La dinámica recoge, además, prácticas tradicionales de organización y solidaridad presentes en el mundo andino, como el ayni, basado en la ayuda mutua, y la minka, asociada al trabajo comunitario en favor de un objetivo colectivo.
En los proyectos productivos, como Haku Wiñay/Noa Jayatai, se constituye un Núcleo Ejecutor Central (NEC) que articula la gestión integral a partir de dos o más núcleos ejecutores conformados previamente por los usuarios.
Del proyecto a una oportunidad
El impacto del modelo se aprecia cuando los proyectos van más allá de los expedientes, presupuestos o metas y se convierten en oportunidades concretas para las familias.
En Haku Wiñay/Noa Jayatai, por ejemplo, los núcleos ejecutores participan en intervenciones orientadas a fortalecer las capacidades productivas y los emprendimientos rurales. La gestión comunitaria permite que las decisiones consideren las experiencias de las familias, las características del territorio y las oportunidades que ofrece cada localidad.
Algo similar ocurre con el mantenimiento de caminos rurales y trochas carrozables. En este caso, la organización comunitaria contribuye a mantener transitables las vías que permiten trasladar productos, acceder a servicios y conectar a las poblaciones rurales con otros centros poblados.
El efecto también se siente en la economía local. La ejecución de los proyectos genera demanda de bienes y servicios y oportunidades de trabajo para los propios habitantes de las comunidades, haciendo que parte de los recursos permanezca y se mueva dentro del territorio.
Por ello, la experiencia de los núcleos ejecutores ha trascendido el ámbito de Foncodes y se ha convertido en una referencia de gestión participativa para otras entidades del Estado.
Una historia que comenzó en 1991
El modelo tiene sus raíces en la creación de Foncodes, el 15 de agosto de 1991, cuando el país buscaba responder a los efectos de una profunda crisis que golpeaba especialmente a la población más vulnerable.
A diferencia de otros fondos sociales de la época, Foncodes incorporó desde sus inicios un elemento decisivo: la participación directa de la población en la identificación, gestión y ejecución de los proyectos. Para acceder al financiamiento, las comunidades debían organizarse y constituirse como núcleos ejecutores.
La apuesta era sencilla, pero innovadora: si una comunidad conoce mejor que nadie sus necesidades, debe tener también voz y responsabilidad en la solución.
Más de 30 años después, aquella idea continúa vigente. Los núcleos ejecutores siguen siendo una herramienta para acercar el Estado a las zonas rurales, fortalecer la organización comunitaria y promover una gestión de los recursos públicos basada en la participación, la vigilancia y la rendición de cuentas.
Detrás de cada obra, cada emprendimiento y cada camino mejorado hay algo que no aparece en los presupuestos: los ciudadanos que se organiza, deciden y trabaja para construir, con sus propias manos y capacidades, mejores oportunidades para sus familias y desarrollar su comunidad.
