AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reafirma su compromiso de ampliar durante 2026 sus intervenciones orientadas a reducir los factores que favorecen el narcotráfico, promover economías lícitas y sostenibles, prevenir el consumo de drogas y consolidar la presencia del Estado en territorios vulnerables.
Como parte de sus principales metas al 2026, Devida prevé asistir a 63 882 familias mediante acciones de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, así como intervenir 70 186 hectáreas de cultivos lícitos, principalmente cacao, café y plátano. Estas acciones buscan mejorar la productividad, fortalecer la asociatividad, promover el valor agregado y generar mayores oportunidades económicas para las familias que apuestan por actividades legales y sostenibles.
En materia de prevención y tratamiento del consumo de drogas, Devida proyecta fortalecer sus acciones dirigidas a estudiantes, familias, docentes, comunidades y población en situación de riesgo. Entre las principales metas para el 2026 destacan 222 955 escolares del nivel secundario fortalecidos con habilidades psicosociales, 24 458 personas atendidas en orientación y consejería por consumo de drogas a través de las Direcciones Regionales de Salud, y 71 080 personas atendidas mediante el servicio de orientación y consejería Habla Franco.
En el eje de control de la oferta de drogas, la intervención multisectorial proyecta para el 2026 la erradicación de 19 000 hectáreas de cultivos de coca y la capacitación en unidades especializadas. A la fecha, se registra un avance de 3007 hectáreas erradicadas.
El presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, reafirmó su compromiso de impulsar una política nacional contra las drogas basada en evidencia, articulación territorial y presencia efectiva del Estado, combinando desarrollo alternativo, prevención, tratamiento y control de la oferta.
La entidad continuará trabajando de manera articulada con los gobiernos regionales y locales, sectores del Ejecutivo, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Poder Judicial, cooperación internacional, sociedad civil y comunidades, con el objetivo de proteger a las familias peruanas, fortalecer economías lícitas y contribuir al desarrollo sostenible del país.
