AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Ante el avance del ejercicio ilegal de la ingeniería y la designación de funcionarios sin el perfil técnico requerido en cargos estratégicos del Estado, el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional exige el cumplimiento estricto de la Ley n.° 28858, que establece como requisito obligatorio la colegiatura y la habilitación profesional para ejercer la ingeniería en el país.
“El desconocimiento o incumplimiento de esta norma no solo representa una falta legal, sino que expone a la ciudadanía a riesgos reales por decisiones técnicas deficientes, que pueden traducirse en sobrecostos, obras fallidas o incluso pérdidas humanas”, advirtió el decano nacional, Ing. Jaime Ruiz Delgado.
La ley vigente es clara: todos los profesionales, nacionales o extranjeros, que ejerzan funciones propias de la ingeniería deben estar inscritos en una de las especialidades reconocidas por el CIP y contar con certificado de habilitación vigente. Esta disposición busca garantizar la idoneidad técnica y la responsabilidad profesional en todos los niveles del ejercicio público y privado.
El CIP ha identificado casos preocupantes en diversas entidades públicas donde se asignan cargos técnicos, como gerencias de infraestructura, a profesionales que no cuentan con la especialidad requerida. Esta práctica vulnera los principios de idoneidad y competencia técnica, lo que puede derivar en decisiones deficientes, errores de diseño o ejecución, paralización de obras, sobrecostos y afectación directa a la seguridad y calidad de vida de la ciudadanía.
“La ingeniería es un campo altamente especializado. Asignar funciones sin criterio técnico equivale a poner en riesgo la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad de nuestras infraestructuras”, afirmó el vicedecano nacional y presidente de la Comisión de Defensa del Ingeniero, Ing. Carlos Burgos Montenegro.
Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros del Perú presentará una propuesta normativa destinada a regular la designación de funcionarios de confianza en áreas técnicas del Estado, estableciendo como condición indispensable la adecuación del perfil profesional a la naturaleza del cargo. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión pública, asegurar el uso eficiente de los recursos y salvaguardar el bienestar de la población mediante decisiones basadas en competencia técnica comprobada.
