AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
Por: Rolando Cevasco, socio del área Tributaria de CMS Grau
La publicación de la Ley Agraria (Ley n.º 32434) sigue generando debate en el sector empresarial y tributario. La norma, que busca fortalecer la agroindustria mediante un régimen más competitivo y equitativo, contempla una tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) del 15 % entre 2026 y 2035, una tasa de pagos a cuenta del IR de 0.8 %, además de deducciones especiales y reintegros de IGV destinados a fomentar la inversión y la formalización.
Los incentivos fiscales representan un avance importante, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se midan los resultados. En el pasado, los beneficios tributarios se diseñaron como alivios generalizados, sin exigir indicadores claros de desempeño. El desafío ahora es pasar del incentivo automático al incentivo inteligente, aquel que vincula cada punto porcentual de renuncia fiscal con mejoras tangibles en productividad, innovación o empleo formal.
Este enfoque, aplicado ya en países como Chile o Colombia, permite que la política fiscal se convierta en un motor de transformación estructural del agro, y no solo en un alivio temporal. Un incentivo inteligente premia resultados verificables: más productores formalizados, uso eficiente del agua o exportaciones con mayor valor agregado.
La Ley n.º 32434 introduce, además, medidas específicas para fortalecer la cadena agrícola, como la deducción de hasta el 10 % de las boletas de contribuyentes del NRUS y una deducción adicional del 25 % sobre compras a pequeños agricultores.
Estos avances son valiosos, pero su éxito dependerá de la capacidad de acompañar técnicamente a los productores para integrarlos al circuito formal. Sin ese soporte, los beneficios podrían concentrarse en los actores más consolidados del sector.
Este nuevo marco legal ofrece una oportunidad relevante para reactivar la agroindustria peruana, siempre que los incentivos se apliquen con criterios de eficiencia y evaluación continua. Entonces, el éxito de la ley dependerá menos del número de beneficios y más de cómo se gestionen. Lo importante es que los incentivos fiscales se conviertan en un catalizador de productividad y sostenibilidad, no en una exoneración con fecha de vencimiento.
